“Marcos” (nombre protegido) salió de la sala de audiencias número 10 y atravesó llorando el pasillo de la Unidad Judicial, ubicada en el centro comercial Albán Borja.

El joven padre terminaba de escuchar la sentencia que el Tribunal de Garantías Penales dictó en contra del violador de su hijo: 29 años y 4 meses de privación de libertad.

“Necesitaba llegar donde mi familia y darle un abrazo. Decirles la noticia. Estoy contento con la resolución porque quiero que este tipo pague una sentencia, pero igual nunca nada podrá reparar la vida de mi hijo”, comentó a través de un mensaje de voz.

La sentencia fue dictada a las 12:30 de este miércoles y además del encierro, incluye el pago de una multa de 800 salarios básicos unificados y una indemnización de $ 250.000 para la reparación integral de la víctima. De lo que ocurrió dentro de la sala no se conoce detalle debido a que por la naturaleza del delito se maneja de forma reservada.

“Quiero que la gente no calle. Cuando sepa de un caso denuncie para que hechos como estos no se repitan”, agregó el progenitor.

La fiscal Margarita Neira, de la Unidad de Garantías y Personas, investigó el delito que ocurrió en 2014, pero fue descubierto y denunciado en 2015.

El ataque se descubrió cuando el niño empezó a quejarse por dolores y permanecía enfermo; los diagnósticos fueron fulminantes para los progenitores: el menor tenía el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y había indicios de una agresión sexual. “A los padres se les hizo la prueba, pero salió negativo”.

Al principio el niño no hablaba de lo ocurrido, pero luego reveló que sí, que  “Don Ángel”, quien trabajaba como chofer en el instituto donde vivía con sus padres (guardias del sitio), lo había atacado en los baños del establecimiento.

Neira se mostró satisfecha con el fallo y explicó que, durante el juicio que duró dos días, la Fiscalía probó la materialidad de la infracción y la responsabilidad del acusado.

“Demostramos que hubo la violación, que el niño nunca cambió el nombre del agresor, que nunca mintió y que siempre estuvo orientado en tiempo y espacio. El menor no estaba inducido y nunca hubo contradicciones”.

La funcionaria detalló que el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 171, establece una pena máxima de 22 años de prisión por el delito de violación, pero que por las agravantes se alcanzó la sentencia de 29 años y 4 meses de cárcel.

Entre estas se contempló el hecho de que el acusado contagió de la enfermedad catastrófica al menor. “Él la tenía desde 2005 y se trataba con retrovirales, sabía que estaba enfermo”.

Ángel Ch. estuvo prófugo durante un año. Tras la fuga fue incluido en la lista de los más buscados de Ecuador.

El 6 de noviembre el individuo fue recapturado en una finca en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, donde trabajaba como agricultor.

Dalo Bucaram, abogado de la familia de la víctima, también manifestó su satisfacción con la resolución judicial. “De esta forma, sin decir de que se haya reparado el daño causado a un menor, se origina un precedente para que quienes cometen estas monstruosidades sepan que la justicia en  Ecuador va a operar para encerrarlos”. (I)