Desde el 17 de marzo hasta el 14 de abril se instalaron en Pichincha y Guayas 259 videoaudiencias de flagrancia en las que participaron desde sus domicilios jueces, fiscales, secretarios y defensores públicos. Al principio fueron presenciales.

En Guayas, la provincia más afectada por el covid-19, se registraron 131 videoaudiencias; de ellas, 51 se realizaron en la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) del Cuartel Modelo de la Policía Nacional, ubicada en el norte de Guayaquil; el resto se efectuaron en otras seis unidades judiciales de la misma ciudad.

También hubo diligencias por teleconferencia en las unidades judiciales de Durán, Milagro, Daule, Naranjal, Playas, El Triunfo, Naranjito, Pedro Carbo, El Empalme, Yaguachi y Balzar.

En Pichincha hubo 128 videoaudiencias, de las cuales 33 se realizaron en la Unidad Judicial de Flagrancia Mariscal Sucre y 29 en Quitumbe.

El resto de audiencias se efectuaron en otras unidades de Quito, Rumiñahui, Mejía, Cayambe, San Miguel de los Bancos, Pedro Moncayo, Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado.

En un informe del CJ se señala que desde el 16 de marzo hasta el 6 de abril se atendieron 1.982 casos de flagrancia a escala nacional. La mayoría en Guayas (358), Manabí (232), Pichincha (161), Esmeraldas (128) y Los Ríos (126), entre otras.

Audiencia de hábeas corpus

También los jueces se preocuparon de tramitar los recursos de hábeas corpus, planteados por los abogados de las personas privadas de la libertad.

Así en la Corte Provincial de Justicia de Guayas se realizaron, hasta el 15 de abril, 20 videoaudiencias de hábeas corpus. Siete en la sala Penal, seis en la Civil, 4 en la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y 3 en De lo Laboral.

Los abogados de los procesados participaron en estas diligencias judiciales desde sus residencias.

La presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, dijo que en la atención de justicia se aplicaron los protocolos de bioseguridad. (I)