Con pocos días de uso, a Lorena Freire le robaron su celular mientras caminaba hacia su oficina ubicada en la Av. Amazonas y Unión Nacional de Periodistas, sector Iñaquito, norte de Quito. La  quiteña, de 29 años, dijo que ahora se siente intranquilidad al transitar por esa zona y  teme  sufrir otra situación similar.

Para evitar   que la comercialización de los   celulares robados continúe   en el mercado “negro”, entidades del Estado anunciaron ayer nuevos plazos de registro de teléfonos como parte de las medidas  ejecutadas para fortalecer la seguridad en esta área.

Dentro de las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional en el marco integral de seguridad, los ministros de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero; de Coordinación de Seguridad, Homero Arellano y del Interior, Alfredo Vera, anunciaron medidas que entran en vigencia a fin de proteger a los abonados de la telefonía celular y disminuir considerablemente el robo de equipos y su posible comercialización.

Guerrero informó que entra en vigencia un nuevo plazo  mucho más exigente, para empadronar los teléfonos en las operadoras de celulares.

A partir del 6 de abril, fecha de aprobación de la norma, los operadores  que ofrecen el servicio tienen 90 días  para conectar las bases de datos con el Registro Civil y otras entidades que se requieran.

Una vez ingresada la información, la empresa  debe verificar los datos y vincularlos con el número de SIM CARD del celular.

Este plazo termina en junio y a partir de ese mes los clientes de las tres compañías de telefonía celular en el país disponen de nueve meses para registrarse.  Los ciudadanos tienen la posibilidad de registrar su nombre y número de cédula tanto en la página web de su compañía celular,  presencialmente o a través de otras medidas, informó Guerrero.

Después de ese plazo, si el teléfono no está registrado, se limitará la capacidad de que el cliente reciba llamadas. Esto se dará en primera instancia a los  ciudadanos que no  realizaron el trámite. Con ello se forzará a que acudan a las compañías celulares para que se registren.

Después de  12 meses de plazo total, los ciudadanos que no se empadronen, la compañía celular tendrá la potestad de suspender la línea. Este procedimiento es  para que los usuarios se acerquen con mayor razón y lo hagan. “No queremos llegar a esa medida y tenemos un año para hacerlo, pero sabemos que muy pocos no lo harán, esto es por seguridad”, acotó.

El ministro Arellano señaló que la aspiración es que un teléfono celular que fue robado, no pueda estar en  servicio y ser comercializado.

“Tras un artículo robado hay una afectación a una víctima y a su dignidad”, expresó.

Estas medidas fueron sociabilizadas con las tres operadoras de telefonía celular que existen en el país: Movistar,  Claro y Alegro,  las que  se estima  poseen más de 14 millones de cuentas.

Los Secretarios de Estado anunciaron que la medida   termina en junio de 2012 e insistieron en que la ciudadanía no adquiera cosas que se presuman robadas para disminuir los índices de  robos a personas.

La medida servirá para que en el caso de que sea objeto de un robo o hurto, se identifique y ubique a los responsables del hecho ilícito.

Según el ministro del Interior esta es una forma “real” de combatir el cachinerismo y los delitos en contra de la propiedad.

Existe un mercado “negro”, tanto en el interior como fuera del país, que mueve muchos negocios ilícitos. Para ello, informó que se encuentran en conversaciones con las autoridades de  Colombia y Perú para evitar que los teléfonos robados sean exportados a los países vecinos y viceversa. “No queremos que los ciudadanos se conviertan en encubridores de los delincuentes para que  continúen robando los teléfonos celulares”, dijo.