La unión de hecho abierta, para heteros y homosexuales, que estableció la Constitución de Montecristi en 2008, es la única evolución y conquista legislativa a favor de los colectivos de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGBTI). Así lo afirman los activistas.

Xavier Acuña, catedrático  de la Universidad Católica, afirma que lo que sí cambió y ayudó fueron las sentencias a favor de este colectivo emitidas, sobre todo, por la Corte Constitucional (CC).

“Estas ampliaron el espectro de acceso a la igualdad del colectivo LGBTI hacia una ciudadanía más plena, con equiparación de derechos de las personas de esta minoría sexual hacia un ciudadano común”.

Precisa que lo logrado no constituye privilegios, sino simplemente un camino para llegar a una igualdad real de acceso a las instituciones jurídicas que les estaban vetadas a su condición.

Recuerda que uno de estos impedimentos era el derecho de la presunción de paternidad (institución jurídica que presume que los hijos nacidos de la unión o matrimonio de una pareja heterosexual constituyen hijos legítimos de las dos personas).

 Esto lo vivió la pareja de mujeres Nicola Rothon y Helen Bicknell, que fueron impedidas de inscribir a su hija Satya en el Registro Civil. Recurrieron a la CC y esta emitió un dictamen favorable erga omnes -para todos en la misma condición- de que los hijos nacidos de una unión de hecho homosexual tienen la presunción de paternidad.

“Eso sí fue un gran avance de la legislación, aunque han existido problemas respecto a la comprensión del Registro Civil respecto del derecho del niño y adolescente a tener una identidad y adscribirse a una familia”.

Otro avance en tribunales, fue el reconocimiento a una identidad acorde con el aspecto físico y al que su psique lo considera. Así se logró que los y las transexuales accedan al derecho de modificar en los archivos del Registro Civil su género y sexo.

A junio de 2019, un total de 1.028 personas cambiaron su identidad; 559 en la provincia de Guayas, 258 en Pichincha, 153 en Manabí y 68 en Azuay.

Cristian Paula, activista y docente de la Universidad Central del Ecuador, afirma que en este tema no se ha cumplido la sentencia de la CC que prohibió la inclusión de dos testigos para acceder al registro de género. Además indicó que este trámite aún es excluyente porque hasta el momento solo se realiza en cuatro agencias de todo el país; una en cada una de estas ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta.

La otra conquista lograda fue la del matrimonio igualitario, consumada en junio de 2019. Desde esa fecha hasta mayo de este año, 122 parejas del mismo sexo se casaron por lo civil; sobre todo en Guayaquil y Quito.

“Este derecho quizás es el  que menos problemas ha generado para aplicarlo en todo el país”. (I)

Legislativo no trabaja aún en las reformas
Las reformas legales solicitadas por la Corte Constitucional (CC) a la Asamblea Nacional para un cumplimiento efectivo de los derechos de las personas LGBTI, aún siguen sin acatarse. “En el caso de la identidad de género, transcurrieron ya tres años y del caso Satya de homoparentalidad, dos, sin que hasta el momento se generen las leyes y menos las reformas”, aseveró Cristian Paula, activista y docente universitario; él indicó también que en las recientes reformas realizadas al Código Penal no se incluyó el procedimiento especial y expedito solicitado por la CC para los delitos de odio contra las comunidades LGBTI. “Hay una falta de voluntad política, falta de interés y un total incumplimiento a las sentencias por más de tres años por parte del Legislativo”. Cree que en las reformas que actualmente se tramitan al Código de la niñez y adolescencia, se deben incluir los temas de homoparentalidad, el principio de familias diversas y también el relacionado con la niñez trans para desarrollar la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana. (I)