Durante octubre de 2019 no hubo avances en el caso Sobornos 2012-2016, en el que están procesadas 26 personas por los delitos de cohecho, asociación ilícita y lavado de activos.

Las protestas sociales del 3 al 13 de ese mes y la estrategia de los abogados de los procesados de presentar recursos, son las causas.

Una vez que terminó la instrucción fiscal, para el 8 de octubre estaba prevista la audiencia preparatoria de juicio, pero quedó diferida por las manifestaciones.

La diligencia fue reprogramada para el 17 de dicho mes y solo avanzó durante dos días. La razón es que con fecha 14 de octubre el exsecretario de la Administración, Vinicio A., presentó una demanda de recusación contra la jueza del caso Daniella Camacho. Lo mismo hizo el expresidente Rafael C. Ambos son parte de los vinculados en esta causa penal.

Las recusaciones fueron admitidas a trámite y por tanto quedó suspendida la competencia de la jueza. El viernes 25 de octubre el juez Marco Rodríguez y el conjuez Wilman Terán, en audiencias por separado, negaron los recursos de apelación y Camacho volvió a tener competencia legal para continuar en la sustanciación del proceso

Pero ese mismo día, por Secretaría ingresó un pedido de otro de los procesados, el exvicepresidente Jorge G., era la tercera recusación contra Camacho.

El recurso fue sorteado y le correspondió tramitar al juez Iván Saquicela, quien en pocas horas lo negó. Superado esto, la magistrada convocó a las partes a que acudan el 31 de octubre para la reinstalación de la audiencia preparatoria.

No obstante, el 30 la volvió a suspender por pedido de la abogada del procesado Mateo Ch. y convocó para el 11 de noviembre.

Gina Gómez, abogada de la jueza Camacho, advirtió que hay claras intenciones de dilatar el proceso y prueba de ello son la serie de recursos planteados.

Vanessa Zabala, abogada de Vinicio A., negó dicha intención y dijo que lo que se busca es un debido proceso y un juicio justo. (I) et