Los cristales en pedazos siguen en el piso de un modesto apartamento del centro de Ibarra. Pasaron más de 12 horas del ataque y una pequeña niña, de apenas 7 años, quiere juntar los filosos vidrios en un solo lugar.

Sus manos son pequeñas para sujetar la escoba y sus pies apenas los cubren unas chancletas. Ella barre una y otra vez el piso, para volver a tener su casa como estaba  el pasado domingo.

La pequeña vive con su padre Rafael, y otras 15 familias venezolanas, en una residencial de la capital de Imbabura. Aquí hay ingenieros, informáticos, maestros, empleados públicos, hombres y mujeres de la tercera edad, niños, mujeres que usan muletas para caminar y un joven que se moviliza en silla de ruedas.

Todos, paradójicamente, escaparon de la violencia de Venezuela, buscando un mejor futuro en Ecuador y para ellos Ibarra era el sitio ideal. Pero la residencial donde vivían fue atacada por una muchedumbre, que violentamente quiso sacarlos de su hogar, con la excusa de que un venezolano mató cruelmente a Diana, una joven ibarreña, la noche anterior.

El crimen detonó las ideas que desde el año pasado se inculcaron en esta ciudad, que los extranjeros abarataron la mano de obra, que se llevaron las fuentes de trabajo y aumentaron la inseguridad.

El departamento de Rafael está en el segundo piso de la residencial. Allí con otros venezolanos montaron un taller para reparar cocinas y alquilar máquinas de lavar. Ese trabajo mejoró las condiciones económicas de los suyos en Ecuador y en su país.

La noche del domingo todos estaban en casa siguiendo lo que sucedía en Ibarra por redes sociales. Tenían temor de que la residencial fuese la siguiente parada en esa ola de violencia como ocurrió en la terminal terrestre y en hostales que reciben a los extranjeros.

Ellos calculan que vieron a unas 500 personas aproximarse por la calle y pensaron en lo peor cuando empezaron a forzar la puerta metálica de entrada.

Se llevaron a las mujeres y niños a un cuarto y aseguraron la puerta con todas sus fuerzas. Todo era oscuridad, desde adentro solo escuchaban los insultos, el ruido de las ventanas que se rompían, de las puertas que se dañaban a golpes, de cómo destruían sus máquinas y herramientas.

La turba encontró la habitación donde se escondían. Los hombres juntaron todas sus fuerzas para sostener la puerta, mientras suplicaban que por los niños frenaran el ataque.

Un ecuatoriano, Milton, nacido en el barrio quiteño de La Tola, los defendió. Él vive con ellos en la residencial y también quisieron entrar a su departamento, pero los enfrentó y logró de esta manera ayudar a sus vecinos.

Los atacantes dejaron el departamento de Rafael destruido, se llevaron las herramientas de su trabajo, la computadora y otros pequeños artículos. Solo les quedó lo que llevaban puesto en ese momento.

Doce horas después de los eventos no se sienten seguros. Así lo reconoce Enma Valero, quien llegó hace nueve meses a Ibarra.
No había parado de llorar desde la noche anterior, este día no fue a trabajar en las cabinas telefónicas que la contrataron. Los rumores de que los ataques a venezolanos seguirán la tienen inquieta.

Ella no quiere ni puede volver a Venezuela. Tuvo un accidente hace tres años que la obliga a caminar con un inmovilizador y una muleta y en Ibarra por lo menos tiene un trabajo que ayuda a su familia. “Me sentía en el país de las maravillas, nunca pensé vivir lo que pasó”.  

Zorani Campos no sabe cómo volver a trabajar. La mujer de la tercera edad fuma un cigarrillo, a lado de sus coches de comida. Milton le recomienda que es mejor que permanezcan en la casa.  

En el departamento de Zorani vive José Mujica, de 34 años, quien llegó a Ecuador en su silla de ruedas. En Ibarra se dedicó a parquear vehículos para ayudar a la manutención de la casa que lo acogió.  

El hombre tuvo que esconderse debajo de la cama durante el ataque, pero a pesar del miedo, su rostro dibuja la esperanza de que todo regresará a la normalidad.

Ibarra despidió a Diana

Dos carteles y una docena de pequeños ramos de rosas marcan el lugar donde Diana Carolina Ramírez y el bebé que llevaba en su vientre fueron asesinados, la noche del sábado, por el novio. Personas que transitan por la calle Baquerizo Moreno, en pleno centro de Ibarra, se paran a leer los mensajes que dejaron a la joven.  

Diana tenía 22 años cuando decidió mantener una relación con Yordi L., quien llegó desde Venezuela a la “Ciudad Blanca”. El noviazgo no fue lo que imaginó y denunció a su pareja por su violencia y amenazas. El sábado, la joven hizo una llamada al 911 para alertar del peligro que representaba su novio y se envió a un equipo de policías para verificar la novedad.

Durante 90 minutos, Yordi L. mantuvo como rehén a Diana hasta que la acuchilló frente a una docena de policías y otras personas que grababan con sus celulares el hecho y subían los videos a las redes sociales.

La familia de la mujer, que deja dos niños en la orfandad, no quiere que su muerte sea usada. “No generalicemos, quien mató a mi sobrina fue un individuo, no una madre que salió de su país buscando un futuro para sus hijos”, dijo su tío Mauricio Castro. Ellos quieren justicia.

La Fiscalía, por lo pronto, abrió una instrucción contra el asesino, que podría tener una pena de hasta 40 años. Así lo dijo la fiscal general del Estado (e), Ruth Palacios, quien también explicó que se investigará la acción de los policías en el lugar.

El sepelio se cumplió en el cementerio San Francisco. Su familia quería una ceremonia con los más allegados, pero toda la ciudad y el país los acompañó en su dolor. (I)

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Existen 6.300 sanciones por explotación laboral

El ministro de Trabajo encargado, Andrés Madero, dijo que esta cartera de Estado sancionó a 6.300 establecimientos en el país por irregularidades en la contratación de venezolanos. Por ejemplo: mantener a extranjeros laborando al margen de la ley, indicó a los medios de comunicación.

La mayoría de negocios son restaurantes, bares y otros comercios, en 2018, contrataron los servicios laborales de extranjeros, especialmente, venezolanos. No los afiliaron al IESS ni les pagaron el salario oficial dispuesto por el Gobierno.

El Ministro encargado hizo estas declaraciones durante un recorrido de inspección a lavadoras y empresas ubicadas en el norte de Guayaquil. Él quería verificar que los propietarios de esos pequeños negocios cumplan con las obligaciones de ley.

Madero habló de las sanciones para los propietarios de esos restaurantes, ciberphones, bares. “Los empleadores tienen una multa de hasta 10 salarios básicos unificados”, indicó. Es decir, es el equivalente a $ 3.490.

En Ecuador se conocen 1.200 casos de explotación laboral en contra de venezolanos a través de las denuncias que han sido presentadas en el Ministerio del Trabajo, según datos de la organización Comunidad Venezolana en Ecuador. Pero este no es un problema solo del país.

En Colombia 600 empresas fueron multadas por este motivo, según la Cancillería de ese país. (I)

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Sistema educativo garantiza la convivencia

La comunidad educativa ecuatoriana mantiene activos los protocolos, en todos los planteles, para evitar cualquier situación de discriminación, xenofobia o violencia en contra de niños y adolescentes, que ocurra dentro o fuera de las instituciones educativas del país.

El ministro de Educación, Milton Luna Tamayo, a través de un comunicado, puntualizó que, ante los hechos ocurridos el pasado fin de semana en Ibarra, se dispuso un operativo de protección para los niños y adolescentes venezolanos que estudian en la provincia de Imbabura.

“Pero más allá de este problema, aprovechamos para reforzar con padres de familia, estudiantes y maestros la importancia de la solidaridad, la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos”, dijo el Ministro.

Asimismo, esta semana se activarán metodologías de trabajo con estudiantes, familias y docentes, para promover espacios de reflexión de la cultura de paz, “a fin de construir relaciones de respeto y solidaridad “, anunció el funcionario.

Ratificó su postura de cero tolerancia ante la violencia en cualquiera de sus formas. (I)