El rapto de una niña de 12 años en la provincia de Sucumbíos no tiene relación con grupos irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o disidentes de esa guerrilla, informó el ministro de Gobierno y Policía, Mauro Toscanini.

El caso está en manos de Óscar Chasiguasín, miembro de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) N°1 de la provincia de Sucumbíos, quien abrió la indagación previa para ubicar a la menor que se encuentra en estado de gestación.

La autoridad delegó para la investigación a la Unidad Antisecuestros y Extorsiones (Unase) de la Policía Nacional, aunque en la búsqueda también participan efectivos de las Fuerzas Armadas.

La víctima fue identificada como Gisela Jomaira C.H., y según las indagaciones realizadas hasta el momento, el autor del secuestro sería Gustavo Joselo G.G., de 20 años.

Antecedentes del caso

La información extraoficial de inteligencia detalla que el individuo Gustavo G., en octubre de 2017 “se había llevado” a la menor contra su voluntad hasta la provincia de Los Ríos y regresó con ella en enero de 2018. Para entonces Gisela Jomaira ya estaba embarazada.

Los maltratos del individuo derivaron en que Gisela regresara a la vivienda de su progenitora, quien recién en mayo puso la denuncia contra el hombre por violación.

Para cuidar la integridad de la menor, la familia de ella planificó el cambio de domicilio en dos semanas hasta la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Ante esta situación, el 20 de junio, aproximadamente a las 08:30, dos hombres que vestían uniformes tipo camuflaje, usaban pasamontañas y portaban carabinas, irrumpieron en la escuela unidocente “Carlos Alberto Chávez Guerrero”, situada en el recinto El Diamante, cantón Cascales, en Sucumbíos.

Los hombres intimidaron a la profesora y a los compañeros de la menor embarazada, a la cual condujeron “selva adentro”, según las primeras indagaciones policiales.

De acuerdo con testigos, la última vez que vieron a la niña fue con dirección al río San Miguel, que colinda con el vecino país de Colombia.

Inmediatamente, la docente denunció el secuestro de la estudiante al Servicio Integrado de Seguridad (SIS) ECU-911, desde cuyo lugar se dispuso que los efectivos del  Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y Policía Comunitaria (Polco) inicien el rastreo de la chica.

Los gendarmes efectuaron el “barrido” de la zona todo el día. Revisaron vehículos sin resultados. Además los militares de los batallones 56 y 54 del Ejército ecuatoriano recorrieron las poblaciones de Santa Rosa, Diamante y Barranca Bermejo, de Sucumbíos, donde tampoco se obtuvo información relevante.

Sin embargo, hubo un adelanto en las indagaciones, se logró la identificación del autor intelectual y material del secuestro por las versiones de la maestra y estudiantes de la escuela, que reconocieron la voz de Gustavo G.

Además, Juan N., hermano del padrastro de la víctima, dijo a la Policía que a las 17:00 del 20 de junio el supuesto secuestrador se comunicó con él por medio de la red social Messenger de Facebook. En ese contacto, Gustavo G. habría manifestado que se encontraban en Colombia. La menor también habría señalado que estaba sana y salva.

A pesar de aquello, mediante un informante se conoció que el individuo estaría en otro lugar distinto, lo cual motivó que los investigadores se mantengan atentos a los contactos que se realicen con él.

La Unase también rastrea el teléfono celular robado a la maestra y se coordinó con la Policía colombiana para el monitoreo o activación del aparato en ese país.

Los agentes también identificaron al acompañante de Gustavo G., a quien llaman con el apodo de “Chino”.

Ayuda interinstitucional

El Ministerio de Salud informó que brindan atención psicológica a la madre de la menor y a otros miembros de la familia, y se alertó a los centros médicos estatales y particulares de Sucumbíos para que informen si la niña se acerca a recibir atención médica por su estado de gestación.

La cartera de Salud, además, atiende a los niños que presenciaron el secuestro.

El Ministerio de Educación, en un comunicado, rechazó el secuestro de Gisela en C. y se comprometió a tomar acciones para su regreso a Sucumbíos. También en un comunicado reveló que tuvo conocimiento del rapto, violación y maltratos que recibía la menor, por lo cual dispuso se garantice su permanencia en el sistema educativo.

El gobernador de Sucumbíos, Robert Gallegos, se mostró atento a las investigaciones y se comprometió a estar cerca de la familia de la menor.

El Ministerio de Gobierno y Policía, mediante un comunicado oficial, solicitó a los medios de comunicación no especular con los motivos del secuestro y negó que la Policía no haya tomado con diligencia lo ocurrido.

En el documento pidió a la ciudadanía no publicar detalles de los hechos en redes sociales para no entorpecer las indagaciones.

“La Policía, a través de la Unase, cumple con todas las acciones y diligencias en el caso del presunto secuestro de la menor en Sucumbíos. Rechazamos la información errada que circula en redes sociales y algunos medios de comunicación que causa conmoción en la ciudadanía”, menciona la institución en la red social Twitter.

La Cancillería, por medio de su titular José Valencia, declaró como prioridad el caso del secuestro de la chica.

El titular de la Dirección Nacional de Delitos contra la vida, muertes violentas, desapariciones, extorsión y secuestros (Dinased), Víctor Aráus, señaló que toda la investigación será puesta en conocimiento del presidente de la República, Lenín Moreno, y del ministro Toscanini.

Marco legal

El artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), menciona que “la persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (I)

Rectificación y disculpas públicas

En la edición de este miércoles 4 de julio, en la sección Justicia, en la nota sobre el secuestro y violación de una niña de 12 años en la provincia de Sucumbíos, nos referimos en el titular a su victimario como expareja. Usamos ese término siguiendo la versión de la fuente principal.

Sin embargo, se trata de un error.  Una menor de 12 años no puede tener como pareja a un mayor de edad, así tenga el consentimiento de su familia.

Por esta lamentable equivocación pedimos disculpas a la víctima, a su familia y a nuestros lectores en general. Estamos revisando las prácticas que nos llevaron a cometer esta falla para que no se vuelvan a repetir en el futuro. Y reiteramos nuestro compromiso en la defensa de los derechos de las niñas y de las mujeres.