La Sala Especializada de lo Penal, Militar, Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia (CNJ)  aún no define una  fecha  para la audiencia de juzgamiento del caso Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, que no se realizó el 23 de diciembre último.

En este proceso, que se sigue  contra cinco exintegrantes del Ejército por el delito de lesa humanidad, la jueza Sylvia Sánchez aplazó la diligencia por un pedido de tres de los procesados.

En la notificación de la postergación, solo se menciona ‘que los nuevos día y hora se señalarán en concordancia con el agendamiento de audiencias que maneja la Sala’.

Este caso es el primero que se judicializa en Ecuador por este delito.

“Han pasado 27 meses, alrededor de 700 días desde que, en septiembre de 2014, la CNJ rechazó el pedido de nulidad y ratificó el llamamiento a juicio y, más de un año del primer aplazamiento de la audiencia de juzgamiento; ahora lo difieren de nuevo. Es demasiado tiempo para un juicio de tanta relevancia para los Derechos Humanos”, señaló Fidel Jaramillo, director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía.

Indicó que el delito de lesa humanidad es catalogado por el derecho internacional como uno de los crímenes más graves que se pueden cometer, por eso lamentó la demora. “Como Fiscalía esperamos que se establezca lo más pronto la fecha de la audiencia”.

Además, dijo que este tipo de crímenes responden a una política de Estado. La detención ilegal, tortura, desaparición forzada, violencia sexual y ejecución extrajudicial son actos cometidos por agentes del Estado o terceros, como parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil y con conocimiento –de los perpetradores– sobre la correlación del ataque con un plan estatal.

Según Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y cada uno de los Estados, -señala Jaramillo-, existen cuatro delitos de extrema gravedad: de lesa humanidad,  genocidio, crímenes de guerra y hacer la guerra como política de Estado.

La espera desespera

Susana Cajas, víctima, expresó su preocupación de que se haya diferido la fecha. “Un proceso que empezó hace tres años y no pueda ser concluido con audiencia de juzgamiento, sí nos preocupa, la jueza no instaló la audiencia el 9 de noviembre de 2015, esperamos un año pero nuevamente se ha diferido”.

El juicio no es contra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, sino contra unos generales con nombres y apellidos, pero los voceros de las FF.AA. no lo entienden y confunden a la población, insistió.

Cajas explicó que la estrategia con relación a los juicios de lesa humanidad, de una permanente postergación y dilatación del proceso, ha sido ya utilizada en la región. “Ha existido la garantía del debido proceso, todos los imputados han tenido las condiciones para presentar las pruebas de descargo, así como a sus testigos para demostrar su inocencia. No tiene sentido alguno que la jueza siga postergando el juicio a sabiendas de que es ilegal”.

Los hechos

De acuerdo con los testimonios recopilados por la Fiscalía, en noviembre de 1985, Cajas, Jarrín y Vaca fueron arrestados por militares en Esmeraldas, sin una orden judicial y trasladados al ‘Batallón de Inteligencia Militar’, ubicado en Conocoto, Pichincha.

Cajas y Jarrín estuvieron arrestados 15 días, tiempo en el cual recibieron torturas físicas, psicológicas y sexuales. Luego fueron liberados, según consta en el expediente fiscal.

Vaca fue víctima de plagio y desaparición forzada durante 3 años; además se eliminó su registro de filiación del Registro Civil. Fue liberado a mediados de 1988.

Cronología del caso

Tras 28 años de espera, en 2013 la Fiscalía General del Estado  judicializó el caso. El 29 de septiembre de 2014, por unanimidad se ratificó el auto de llamamiento a juicio en contra del exgeneral del Policía Édgar V., y de ocho exmilitares dentro del caso ‘Vaca, Cajas, Jarrín’.

Vicente Robalino, juez ponente informó que el Tribunal de la Sala Penal de la CNJ rechazó el recurso de apelación y el de nulidad al llamamiento a juicio, planteado por la defensa de los nueve procesados.

Para el 9 de noviembre de 2015, se convocó a la audiencia de juzgamiento. La jueza Sylvia Sánchez decidió no instalarla porque se presentó en último momento, un certificado médico de la defensa de uno de los acusados.

La audiencia se postergó para el 23 de diciembre último, pero el 19 de diciembre, la jueza Sylvia Sánchez la aplazó de nuevo, basándose en un pedido de tres de los procesados.

Este es el primer caso de violación de derechos humanos que se judicializa en Ecuador por un crimen de lesa humanidad. Los tipos penales que se incluyen en el juicio son: tortura, violencia sexual y desaparición forzada contra las tres víctimas. (I)