Desde hoy y hasta el viernes, el acceso de la ciudadanía a las dependencias judiciales del país estará restringido y las audiencias programadas que no se puedan suspender se realizarán sin público.

La presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, confirmó ayer que, debido a la emergencia por el coronavirus, en sesión de pleno extraordinario resolvió restringir por cinco días, del 16 al 20 de marzo  de 2020, “el ingreso y circulación del público en las unidades judiciales”.

En la resolución, el CJ dispuso que los servidores  judiciales de la Costa y región Insular salgan de vacaciones desde hoy hasta el 30 de este mes.

Además, desde hoy y hasta el viernes, en estas regiones se restringe el ingreso y la atención al público en las unidades en materia de familia, mujer, niñez y adolescencia; violencia contra la mujer y del núcleo familiar, tránsito y adolescentes infractores.

En el caso de las regiones Sierra y Amazonía, el CJ ordenó la restricción, también desde hoy y hasta el viernes, del ingreso del público y la atención en la Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales, tribunales distritales, tribunales penales, unidades judiciales de primer nivel y juzgados de paz.

Esta medida incluye a los juzgados multicompetentes, excepto los que por sorteo deban resolver recursos de habeas corpus.

La resolución del CJ no aplica para los servidores de las dependencias judiciales que atienden casos penales, así como de flagrancia en lo penal, violencia contra la mujer y la familia, tránsito, adolescentes infractores y garantías penitenciarias.

En los casos en que haya riesgo de caducidad de la prisión preventiva y prescripción de la acción  penal, las audiencias se ejecutarán de acuerdo con lo programado.

Sin embargo, en este caso, los jueces y tribunales restringirán el ingreso del público y se limitarán a la presencia de los servidores, partes procesales, abogados, testigos y peritos.

También el CJ dispuso que los jueces y demás servidores judiciales deben usar medios telemáticos y despachar a puerta cerrada.

Con estas disposiciones, muchas audiencias serán suspendidas, entre ellas, con seguridad, la del caso Singue, que estaba previsto para hoy, más aún si de por medio está la prohibición gubernamental de que ningún evento que concentre a más de 30 personas puede desarrollarse. Aquí participarán más de ese número (ver infografía).

A su vez, la fiscal general Diana Salazar dispuso que el personal administrativo de la Fiscalía a nivel nacional no asista a laborar desde hoy hasta el viernes. Personal misional y de flagrancias laborará normalmente para garantizar el servicio. (I)