El presidente de la República Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, anunció que el país ejecutará la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso de Paola Guzmán.

La joven fue víctima de violencia sexual en manos de Bolívar Espín Zurita, vicerrector del Colegio Miguel Martínez Serrano, en Guayaquil, plantel donde estudiaba.

Tras quedar embarazada, fue obligada a un aborto por parte del doctor del colegio, quien trató de violarla. La agresión de la que fue víctima la llevó a quitarse la vida, en 2002.

Petita Albarracín, madre de la joven, tuvo que esperar casi 20 años para ver que las instituciones responsables reciban una sentencia, ante la falta de atención que sufrió Paola.

La CorteIDH señaló que la sentencia constituye una forma de reparación a los derechos de Paola Guzmán. Además, se tendrá que dar tratamiento psicológico para Albarracín y para Denisse Guzmán, hermana de Paola.

El Estado tendrá que hacer un acto público para reconocer su responsabilidad internacional y otorgará el grado de bachiller a la joven, si su madre lo acepta.

También tendrá que pagar a la madre y hermana $ 20.000 por "daño emergente" y $ 50.000 como representación de la actividad laboral que hubiese generado Paola Guzmán.

Lita Martínez (foto), directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam Guayaquil), se apropió de este caso. No solo brindó asesoría legal a Albarracín, sino también un gran apoyo moral.

En declaraciones a Diario EL TELÉGRAFO, Martínez explica qué es lo que viene dentro del proceso.

Una vez que se la CorteIDH emitió su dictamen favoreciendo a la familia de Paola ¿existe algún otro recurso? 
No. Se trata de una sentencia vinculante, obligatoria que no tiene posibilidad de impugnarse ya que es de último nivel. Aunque no le guste, aunque no quiera, el Estado tiene la obligación de cumplir con lo que la sentencia establece.

El Estado ecuatoriano tiene un buen nivel de cumplimiento de sentencias, por lo tanto esperamos que este caso no sea la excepción.

Entonces ¿cuál es el siguiente paso?
Lo que corresponde en este momento es el proceso de implementación de la sentencia. La misma establece plazos para las diferentes medidas.

En algunas ocasiones le está dando desde seis meses a un año. Luego hay que hacer una evaluación del cumplimiento para verificar el avance. En algunos temas que son como de más largo aliento, le da un año y medio para la implementación.

¿Cómo se debe realizar el cumplimiento de la sentencia?
El Estado deber revisar cuáles son las medidas; determinar qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, de quién son las responsabilidades. Tienen que organizarse. Entiendo que para estos casos, se conforma una comisión entre la Cancillería, la Procuraduría y la Secretaría de Derechos Humanos que son quienes organizan la respuesta al Estado ecuatoriano.

Tienen que convocar a las representantes y a Petita Albarracín, para revisarlo. Y luego empieza una hoja de ruta, una ejecución y la implementación de la sentencia.

¿En cuánto tiempo está prevista su ejecución?
Nosotros esperamos que sea lo más pronto posible. Normalmente el Estado se toma entre una semana y dos porque se necesita verificar qué es lo que tienen que hacer, cómo se pueden comprometer en este momento. También la ubicación de los recursos para la indemnización económica que establece la sentencia.

Esperamos que sea una respuesta rápida una vez conocido el pronunciamiento del presidente Lenín Moreno.

¿Qué representó para usted esta sentencia?
Primero hay que recalcar que es el triunfo de Doña Petita, quien ha estado al frente del caso con el apoyo de una organización como es Cepam Guayaquil y el Centro de Derechos Reproductivos.

La sentencia también establece que Ecuador está obligado a declarar un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas ¿Qué representa para usted este acto? 
Es un logro significativo. Siempre hemos estado pendientes de impulsar política pública legal, de hacer cambios de normativa.

También de impulsar estrategias de la erradicación de la violencia, el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, toda la inclusión de educación de salud sexual dentro del marco educativo.

Incluso hemos participado en la estructuración del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y hemos estado pendientes de que el Estado cuente con las herramientas para garantizar los derechos de las mujeres.

¿Está conforme con la sentencia?
Desde lo que planteamos como representantes siempre aspiramos a más. Hubiera sido interesante que se pudiera haber abierto el caso, que hubiera habido sentencia local, que la CorteIDH haya aceptado nuestra postura de que la violencia sexual constituyó una tortura.

Sin embargo, la CorteIDH con mucha sapiensa ha sabido establecer los parámetros iniciales dado que este es el primer caso de este tipo que la corte reconoce.

¿Desde Cepam qué reto se han planteado a partir de la sentencia de la CorteIDH? 
Vamos a estar pendientes de que haya cambios estructurales Ecuador. Y obviamente en los países suscriptores en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

¿Tienen previsto llamar la atención contra el Ministerio de Educación? 
No necesitamos hacer una queja porque la CorteIDH que es la máxima instancia en la vigencia de los derechos humanos, está llamando la atención del Estado ecuatoriano. Es decir, el Ministerio de Salud y el de Educación son parte del Estado.

El Estado ecuatoriano tiene que cumplir con esta sentencia. La sentencia en si es más que un llamado de atención, es una decisión judicial de última instancia que nos deja esa enseñanza. (I)