El último operativo realizado por la Policía Judicial (PJ) en el sector de San Roque, Centro Histórico de Quito, fue el resultado de un análisis delictual realizado por agentes investigativos durante varios meses.

En casos de asociación ilícita, los métodos abreviados reducen en tiempo del proceso para ambas partes.

El acuerdo al que llegan los detenidos con el fiscal permite establecer una pena en menos de 24 horas.

Con las pruebas que evidencian el delito, los procesados aceptan ser los autores de los actos investigados, asumen la responsabilidad y se negocia la pena.

Los delitos de asociación ilícita son penados, según la ley, con un máximo de cinco años de prisión.

Las investigaciones para desarticular las bandas de San Roque se hicieron en un promedio de tres meses, con agentes infiltrados en la zona, que con una orden judicial grabaron cada movimiento de los sospechosos que planificaban y organizaban sus atracos.

Ramiro Ortega, jefe de la PJ, explica que el sector de San Roque es una plataforma comercial que recibe gran afluencia de personas, vehículos, mercadería y comercio de distinta índole, por lo que se constituyó en un sector estratégico para las organizaciones delictivas, que se apoderaron de esa parte del Centro Histórico para cometer sus delitos.

En el sector de San Roque se generan robos y hurtos a transeúntes, a vehículos particulares y a los usuarios de medios de transporte.

Debido a la falta de una acción articulada con la justicia, estas actividades eran únicamente reprimidas como contravenciones, lo que generaba un ciclo repetitivo del delito. Por esa razón, la Policía Nacional, conjuntamente con la Fiscalía y apoyados por los diferentes entes públicos, han establecido estrategias de seguridad con respecto a lo que denominan “población flotante” de este sector.

Rolando Jácome, jefe de la Brigada de la Propiedad, señala que en el sector han venido operando bandas organizadas conformadas por varias personas con funciones previamente definidas, las que poseen un cierto grado de consanguinidad y afinidad o, a su vez, simple amistad para el cometimiento de un acto ilícito.

Para cometer los delitos, dice Jácome, usan diferentes armas, objetos contundentes o drogas, dependiendo de la modalidad que utilicen para delinquir, con o sin violencia (robo y hurto)

Y para evitar su identificación utilizan: gorras, gafas, pasamontañas, capuchas y diferentes prendas de vestir. Los días y las horas de mayor influencia delictiva dependen mucho de la actividad en las diversas ferias comerciales (ver gráfico).

Los objetos sustraídos de mayor interés son: celulares, joyas, dinero y otros de fácil comercialización que les permiten obtener réditos económicos en forma inmediata.

Estos ciudadanos no solo se dedican a cometer actos delictivos en el área del Centro Histórico, sino que también operan en sus alrededores y diferentes lugares en donde existe la afluencia masiva de personas.
Según las investigaciones, existen al menos 3 grupos delincuenciales dedicados al robo y hurto a personas que transitan en el Centro Histórico, los cuales están integrados por varios sujetos (mujeres y menores de edad, incluidos).

Estos grupos mantienen una estructura organizada, donde cada miembro cumple con funciones y responsabilidades definidas. Aprovechando la aglomeración, el tráfico vehicular y el descuido de sus víctimas, actividad cotidiana de la cual hicieron su modus vivendi, generaron un ciclo repetitivo de acciones delictivas que solo fueron sancionadas como contravenciones recurrentes, provocando impunidad.

Mediante un análisis comparativo de 36 denuncias (22 son de hurto y 14 de robo) presentadas en las diferentes unidades de Policía Comunitaria del sector, se logró focalizar los puntos más complejos en donde operaban las bandas desarticuladas hace varios días.

El análisis de denuncias, estadísticas y georreferenciación del delito permitió que las investigaciones policiales se centrasen en el accionar delictual y realizar un reconocimiento del lugar donde se han evidenciado estos problema. 

Las vinculaciones, debido al modus operandi y llamadas telefónicas, permitieron establecer la relación de los sujetos investigados con los delitos analizados.

Jácome afirmó que se fundamentó el proceso investigativo conjuntamente con la Fiscalía de Pichincha, para arribar a una sentencia condenatoria en contra de los detenidos en la operación “San Roque”.

De los 18 detenidos, 15 pagarán una sentencia de dos años de prisión, por asociación ilícita.