El fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, aseguró que las indagaciones acerca de los 136 casos de violación a los derechos humanos y más de 456 asesinatos cometidos en la década de los 80, en el gobierno de León Febres-Cordero, avanzan a buen ritmo. El funcionario indicó que indagar crímenes de lesa humanidad cometidos hace más de 20 años es una obligación del Estado.         

En entrevista con Orlando Pérez, director de Diario EL TELÉGRAFO, en el programa radial La Conversa Pública, de Distrito Noticias, Chiriboga se refirió principalmente al grupo policial SIC-10, el que habría funcionado al margen de la ley, pero protegido por el Gobierno de turno de aquel entonces.    

El funcionario indica que ha pedido respuestas acerca del tema a las altas esferas de la Policía Nacional, pero asegura que “no encuentro un eco de parte de la Policía”.

Aclara que “la Fiscalía reconoce que este no es un hecho de la Policía, pero hubo una organización dentro de la Policía que se llamó SIC-10” y que con respecto a este caso, “la respuesta (de los uniformados) ha sido el silencio y en el caso del SIC-10 el silencio y la negativa”.

Con respecto a la función de este supuesto grupo, Chiriboga expresa que “esta organización, que actuaba fuera de la ley y, por lo tanto, no comprometía a la Policía en general, aplicó procedimientos de investigación reñidos con la Constitución de esa época, con la ética y vulneraba los derechos humanos”.

En febrero pasado la Fiscalía incautó 150.000 folios con información variada, entre ellas del SIC-10Chiriboga manifiesta que uno de los indicios para determinar la existencia del SIC-10 fue una investigación realizada por el exasambleísta Rolando Panchana, quien en su época de periodista evidenció en uno de sus programas a un grupo policial que cometía delitos de lesa humanidad en la década de los 80.

Luego, la Comisión de la Verdad logró recopilar fotocopias simples de la existencia de esta unidad y de ahí las investigaciones fueron tomando mayor fuerza, hasta febrero pasado, cuando, con una orden judicial, se incautaron alrededor de 150.000 folios que estaban guardados en las bodegas de la Policía Nacional.

“Tenemos información evidente de la existencia del SIC-10 y lo más importante es que tenemos los nombres de los integrantes del SIC-10”, dice Chiriboga, quien cuenta, además, que “esa documentación está resguardada y es verificada por seis personas civiles”.

Los hallazgos permiten a la Fiscalía General de la Nación realizar un trabajo más certero, como indica Chiriboga. “Podemos vincular a las personas a las investigaciones que estamos realizando. Ha sido un paso trascendental, ya que se puede constatar según los documentos esta organización clandestina, que a su vez era estatal. Esta pretendía eliminar, entre comillas, la subversión en el Ecuador y para lograr su objetivo no estaba sometida a ningún control jurídico”.

Cuando la Comisión de la Verdad tenía el caso a su cargo, varios de los vinculados con el SIC-10 fueron citados a declarar, pero la mayoría no asistió. En la actualidad, la Fiscalía es la encargada de llamar a rendir declaraciones a los implicados.

Además, Chiriboga hace una comparación de las investigaciones que hacía el SIC-10 contra grupos contrarios al Gobierno de aquella época con lo sucedido en el  30-S.

“El actual sistema constitucional fue gravemente afectado por un intento de golpe de Estado el 30 de septiembre (de 2010). Tuvo una insurrección policial, de algunos militares, muerte de varias personas, intento de asesinato contra el Presidente de la República. Un hecho sumamente grave. No se creó una organización secreta para descubrir a los autores de estos delitos. Cuando se identificó a las personas que estaban ligadas al hecho, todos tuvieron su defensa, fueron ante la ley y siempre se presumió su inocencia, contrario a lo sucedido con el SIC-10, donde siempre se presumió la culpabilidad”.