Una persona que busque trabajo como profesor o voluntario de una institución religiosa o guardería tendrá que presentar un certificado que declare que no está inhabilitada de laborar con niños, niñas y adolescentes.

Esta medida regirá una vez que se cumplan las disposiciones incluidas en el Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este miércoles 25 de septiembre de 2019 se aprobó con 11 votos el proyecto de Ley de Registro de Violadores. Esta ley tiene como finalidad convertirse en una herramienta que permitirá que aquellas personas que cometieron delitos en contra de la integridad sexual y reproductiva de niños y adolescentes, queden inhabilitadas para trabajar en actividades que se relacionen de manera directa con este grupo de atención prioritaria.

A mediano y largo plazo, la medida preventiva espera reducir la reincidencia en este tipo de delitos.

La asambleísta María de Lourdes Cuesta, promotora de esta ley, formó parte de la Comisión Aampetra, que recogió las denuncias de abuso sexual cometido en escuelas y colegios del país. “Sentí frustración porque no se estaba haciendo nada para empezar a prevenir”.

También se refirió a los casos de la Condamine, del cura Cordero de Cuenca y ahora del Mangajo, todos relacionados con abuso a menores. Por toda esa situación, ella inició este proyecto de ley.

Otros países, como Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Estados Unidos, ya cuentan con un registro de abusadores sexuales, “por qué no en Ecuador”, se cuestionó Cuesta.

“Lo que estamos haciendo es distinguir un grupo peligroso para un grupo vulnerable que merece mayor protección del Estado y de la sociedad”, sostuvo la legisladora.

De acuerdo con el procedimiento legislativo, una vez aprobado el proyecto por el pleno de la Asamblea, el documento se remitirá al presidente de la República, Lenín Moreno, para que lo ratifique o lo vete. Luego se enviará al Registro Oficial para su publicación.

La legisladora explicó que si bien en octubre estará vigente la ley, el Ministerio de Gobierno tendrá 180 días por ley para que implemente y cree el registro de violadores en su sistema.

“El Ministerio recopilará todos los datos y empezará a entregar los certificados a todas las personas que quieran acceder a un trabajo cerca de niños, niñas y adolescentes. Ellos tienen que solicitar el certificado de no encontrarse inhabilitados”, indicó Cuesta.

Recalcó que eso quiere decir que no ha sido sentenciado por un delito contra la integridad sexual de menores. Esto será un mandato de ley para instituciones públicas y privadas que tienen actividades relacionadas con menores, señaló.
Criterios de profesionales

Esthela Robalino, psicóloga educativa, aplaudió la iniciativa sobre pedir el certificado para las personas que tienen antecedentes de agresiones sexuales. Sin embargo, cuestionó el punto en el que se propone que ese documento se manejará de manera reservada.

Opinó que las autoridades educativas deberían tener incluso un listado de advertencia de los docentes que fueron despedidos por hechos de agresiones sexuales. “Con esto, los mismos docentes pueden identificar a los violadores y estar atentos con los padres de familia”, expresó.

Para el abogado Fabricio Mena, lo primero que debe evidenciarse es que la sentencia esté ejecutoriada para incluir a la persona en el registro de agresores sexuales. Además que no sea solo violación, sino todo tipo de violencia sexual; y que se indique si las víctimas fueron menores para tener más cuidado al darle trabajo. (I)