La partida presupuestaria del Consejo de la Judicatura tuvo recortes desde el 2019. Como consecuencia de ello se desvinculó a 186 servidores judiciales. Ellos estaban bajo contrato y proyectos de inversión (todo el manejo de la infraestructura judicial), dijo Pedro Crespo, director General del Consejo de la Judicatura (CJ).

Por el Ministerio de Economía y Finanzas fueron múltiples “los recortes de varias partidas y concluyó con la disminución de $ 11 millones en la partida 51 de personal”, indicó Crespo durante un informe de gestión del pleno del Consejo de la Judicatura, presidido por su presidenta, María del Carmen Maldonado.

Según la proforma del Presupuesto General del Estado consolidada por la entidad, los egresos para el ejercicio fiscal de 2020, para el organismo, son de $ 363’209.639,22. Sin embargo, Crespo reveló que el presupuesto para este 2020 es de $ 330 millones. “Tuvimos un recorte dramático, que afecta el gasto corriente y la inversión de la institución”.

Esta situación los obliga a una optimización; por ello trabajan en una propuesta de la Dirección de Talento Humano, que presentarán al pleno del CJ.

Esta propuesta tiene cuatro mecanismos: la terminación de contratos de servicios ocasionales, renuncias voluntarias, jubilaciones y supresión de partidas. Esta disminución obedece a un estudio técnico, sostuvo.

El director General del CJ explicó que de 11.626 funcionarios judiciales, apenas el 2% o 3% resultará afectado con el recorte de personal. Este proyecto no afectará al servicio administrativo de justicia ni al jurisdiccional.

La nueva planificación de Talento Humano tendrá una duración de 10 meses y concluirá con un nuevo estatuto.

Maldonado aseguró que el pleno desconoce de esta planificación, pues no ha llegado a su conocimiento. Por tanto, no hubo una revalorización de sueldos como se especula. La funcionaria también se refirió a su gestión cumplida en 2019. (I)