Después de emitido el decreto ministerial  en donde se establece que la Policía Nacional ya no estará presente en  los eventos públicos organizados por empresas privadas, como conciertos y eventos deportivos, surgen nuevas interrogantes por parte de las empresas de seguridad privada.

Sus representantes piden que se anule la prohibición de importación de armas. El coronel Carlos Castillo, presidente de la Cámara de la Seguridad Privada en el Ecuador (Casepec), explica que se debe anular la disposición que impide la importación de armas, ya que esto evita que las empresas de seguridad privada puedan dotar de armamento a su personal.

A esto, Homero Arellano, ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, indica que la disposición de impedir la importación de armas se mantendrá, y señaló que se trabaja en un proyecto para agrupar a los armeros de Chimbo, provincia de Bolívar.

Asegura que la fabricación de armamento debe estar regulada y monopolizada por el Gobierno.
Para esto, Arellano menciona que se trabaja en una propuesta con  el Comando Conjunto de las  Fuerzas Armadas en la  fábrica de armas llamada “Santa Bárbara”, donde la maquinaria de Chimbo será trasladada para que quienes se dedican al oficio de armero puedan incluirse como socios estratégicos.

El ministro también indicó que la formación y titulación de guardias de seguridad privada estará a cargo del Gobierno Nacional.

Próximamente se instalará la línea telefónica 1-800 armas, para que las personas puedan denunciar si conocen de la fabricación de cualquier tipo de armamento en forma clandestina.

La condena para quienes porten armas es de 1 a 3 años, recalca Arellano, y repite que esta medida es de control para  quienes sin permiso intentan adquirir armas.

Así, las empresas privadas podrán adquirir el armamento necesario para equipar a su personal.
Arellano es enfático en decir que solamente quienes estén capacitados portarán armas.

Pablo Quintana, gerente de la empresa “Segcompri”, indica que la capacitación del personal de seguridad se la hace a través de empresas o institutos que brindan opciones como primeros auxilios, manejo de masas, control de personas, etc.

A la par, José Serrano, ministro del Interior, aclaró que en un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional  se está elaborando un Código Integral Penal, que será entregado por el presidente Rafael Correa a la Asamblea Nacional para su aprobación.

Dentro de este código constarán las sanciones a personas que incurran en actos violentos dentro de espectáculos públicos.

La Policía Nacional seguirá resguardando el orden en las afueras de los lugares en donde se realicen eventos y si es necesario intervendrán para asegurar el orden público, asegura Serrano.