El secuestro del reportero de diario El Comercio, Javier Ortega; del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra, movilizó al país que reclamaba su liberación sanos y salvos. Una de las respuestas del Gobierno fue crear un comité de crisis para coordinar las actividades del rescate y la comunicación con los familiares de los rehenes.

En este comité estaban los Ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior y de Defensa, representantes de la Fiscalía, Judicatura y Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.

Ellos debían coordinar y ejecutar en cada una de sus áreas las acciones para facilitar la liberación. Justamente una de las exigencias de los narcoterroristas de alias “Guacho” era la liberación del ecuatoriano Patrocinio C. y de los colombianos Diego T. y James C, detenidos en Mataje, provincia de Esmeraldas, en enero pasado.

La Policía los detuvo con armas, municiones, granadas y mechas para explosivos. Al comienzo aseguraron que no sabían nada del arsenal, pero días después confesaron que el ecuatoriano Patrocinio C., conocido con el alias de “El Cuco”,  era el responsable de ese armamento.

Las investigaciones de la Fuerza Pública determinaron que “El Cuco” era uno de los hombres más cercanos a “Guacho”, presunto responsable de asesinatos y tráfico ilegal de drogas y armas.

Posiblemente por eso es que “Guacho” reclamaba su liberación y, aunque se intentó acelerar su juzgamiento, no se concretó.

Los tres detenidos aceptaron su responsabilidad y pidieron un juicio abreviado por tráfico de armas, delito sentenciado hasta con siete años de reclusión. Esperaron una audiencia que no se cumplió hasta la fecha que se confirmó el asesinato del equipo periodístico.

El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, dijo que “en primera instancia hubo un acercamiento del Ejecutivo, específicamente, del Ministerio del Interior, con el objetivo de que, sin inmiscuirnos en el fondo de las decisiones de los jueces, se haga un agendamiento dado el estado de necesidad de que hayan decisiones ágiles y muy rápidas en el estado procesal penal pertinente”.

Y recalcó que la intención era sentenciar el caso para que el Presidente de la República pueda activar eventuales indultos. “Lo que pudo hacer la Función Judicial y puede hacer, es dar la prioridad debida por el estado de emergencia y los jueces decidir lo que tengan que decidir”.

La defensa de Diego T. y James C. dijo que se buscó agilizar el caso. El abogado Miguel Lomas relató a este Diario que ellos también trataron de concluir lo más pronto el proceso penal.

Aseguró que presentaron tres escritos en el Juzgado de San Lorenzo, para un juicio abreviado. Esta es una figura legal que establece que los acusados aceptan su responsabilidad en el delito a cambio de recibir una condena menor. Incluso recordó que existieron conversaciones con funcionarios del Ministerio del Interior y de la Fiscalía para concretar la aplicación del proceso abreviado.

Los colombianos Diego T. y James C. y el ecuatoriano Patrocinio C. son acusados de tráfico de armas, un delito inscrito en el artículo 362 del Código Integral Penal y donde se establece una condena de hasta siete años de prisión.

Lomas recalcó que todavía se mantiene la voluntad de los dos extranjeros para recibir su condena y que sería de 40 meses: es decir tres años y tres meses.

No obstante, él sabe que el panorama cambió, pero espera a la audiencia prevista para el 11 de mayo, para que se defina la situación de los supuestos hombres de “Guacho”. (I)