Aproximadamente 100 policías, de los 208 dados de baja por el Ministerio del Interior el 6 de junio pasado, presentaron hoy, ante la Corte Constitucional, la Demanda de Inconstitucionalidad del Acuerdo Ministerial No. 03308 por el cual fueron separados de la institución policial.

A través de su abogado defensor, Darwin Seraquive Abad, los uniformados señalaron que el ministro del Interior, José Serrano, “se convirtió en supremo legislador y juez en sus casos”, al determinar, por ejemplo, “las causales para separar de la institución”, como es el haber sido reincorporados por acciones constitucionales.

Además, señalan, “se inventa un proceso directo donde sólo él y la cúpula policial son parte para tomar decisiones en perjuicio de otros... se crea su propio tipo de resolución, es decir Acuerdo Ministerial para que no se pueda apelar en la misma sede administrativa –es decir dentro de la misma Policía Nacional, y la motivación de la resolución son sus percepciones –la violencia, corrupción, seguridad pública, etc”.

Según los reclamantes, con esas acciones se violentan “todas las normas del debido proceso y del derecho a la defensa previstas en el Art. 76 de la Constitución de la República”.

Además, aseguran que el Acuerdo Ministerial No. 03308 discrimina a los servidores públicos policiales por su pasado judicial, aunque hayan sido absueltos.

Además, cuestiona el que “sólo saca a un grupo, donde no constan tenientes coroneles, coroneles y generales” que también han sido “beneficiados” con acciones constitucionales.

Se afecta solo policías y oficiales con méritos, condecoraciones y agradecimientos de autoridades públicas, “porque tienen como antecedentes haber denunciado a sus superiores por acciones contrarias a la ley”.