Nueve (de 13) policías activos se entregaron voluntariamente para cumplir con la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra, dentro de la instrucción fiscal por los crímenes ocurridos el 19 de noviembre de 2003, en la farmacia Fybeca de la ciudadela Alborada, ubicada en el norte de Guayaquil.

Esta etapa del proceso -que dura 90 días- inició el pasado 14 de noviembre tras la audiencia de formulación de cargos efectuada ante el juez Jorge Blum, en la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. En la diligencia se vinculó a 31 uniformados (entre activos y pasivos) y a 21 de ellos se les dictó la medida cautelar.

La Fiscalía encontró indicios suficientes para presumir su participación en el supuesto operativo policial que dejó ocho personas fallecidas y tres desaparecidos. Entre las evidencias constan que ellos movieron los cuerpos de las víctimas y alteraron la escena del crimen.

Otra de las disposiciones del juez Blum fue la prohibición de enajenar bienes a 9 de ellos y el arresto domiciliario contra quien en esa época fue comandante de la Policía, Jorge P.

El inspector de Policía, general Fabián Solano de la Sala Brown, dijo que analizan la actuación de los 13 gendarmes que todavía forman parte de las filas de la institución.

“Ya tenemos un informe preliminar que redactamos sobre lo que pasó”, mencionó y luego explicó que los 9 detenidos se entregaron en los distritos donde laboraban y que ahí permanecerán, según la disposición judicial.

Del resto de agentes que todavía presta servicios, informó, dos no se han presentado a sus repartos por lo que los declararon prófugos. Se confirmó además que uno salió del país de manera ilegal y otro está delicado de salud.

El alto oficial explicó que un informe será puesto a consideración del Consejo de Generales, que se encarga de emitir las sanciones, y de ser el caso se procederá a la baja de quienes hayan incurrido en faltas graves. “Este procedimiento interno se hace independientemente del proceso judicial que se sigue en la Corte Nacional de Justicia”.

Agregó que los otros sindicados con prisión preventiva son gendarmes en servicio pasivo y son buscados para que cumplan con la orden de la Corte, pero no han sido localizados.

A criterio de la Fiscalía, el principal sospechoso es el excoronel que dirigió el operativo, Eduardo G., quien ya salió del país y, según confirmaron las autoridades, reside en Estados Unidos.