El domingo 21 de junio, Día del Padre, dos policías y un patrullero fueron atacados violentamente en La Tola, (Esmeraldas). Este es, hasta ahora, el incidente más grave en lo que va del año y bajo la emergencia sanitaria.

Los agentes fueron atacados tras un operativo para dispersar a grupos de libadores. En lugar de acatar el pedido para que no formaran aglomeraciones que puedan causar un contagio masivo de covid-19, el patrullero fue incinerado por uno de los agresivos grupos que festejaban en las calles sin ninguna protección personal.

La zona pertenece a uno de los cantones que continúan con semáforo rojo por la pandemia, pero ese domingo se vulneraron todas las restricciones. Cuando los policías pidieron a las personas que se retiraran a sus viviendas, la respuesta fue perseguir a los agentes hasta la UPC.

Los gendarmes fueron sacados de allí y atacados con palos y piedras. A uno de ellos le despojaron de su arma y lo golpearon en el suelo. Los demás pidieron refugio en una vivienda.

Los agresores también arremetieron contra el vehículo policial en el que patrullaban los uniformados y lo incineraron. Testigos contaron que se escucharon disparos y que hubo dos heridos.

El operativo terminó la madrugada del lunes 22 con la detención de 12 personas, gracias al apoyo del personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y unidades de los distritos San Lorenzo y Rioverde.

Hechos como este, en menor intensidad, se han producido en otros sectores del país. Desde que empezó la emergencia sanitaria, se han producido ataques en Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas, Quito y Manabí, entre los casos más complicados.

En algunos lugares la población insiste en actuar con violencia. Por ejemplo, en junio se registraron dos hechos contra policías en la provincia de Morona Santiago. Uno de ellos ocurrió la tarde del 10 de ese mes, cuando dos uniformados fueron apedreados en el cantón Tiwintza.

Los agentes llegaron a la comunidad de Las Peñas, de población shuar, para atender una llamada de auxilio por un caso de violencia intrafamiliar.

En el sitio, un hombre escondido entre la vegetación lanzó una piedra que impactó en la cabeza de uno de los policías. El uniformado comenzó a sangrar mientras su compañero era agredido por Lisandro N., quien fue aprehendido.

Un grupo de habitantes intentó liberarlo utilizando la fuerza y lanzando piedras y palos. El policía herido fue auxiliado por una persona, llevado al subcentro de salud de Tiwintza y posteriormente trasladado a emergencia del hospital de Méndez.

Así, mientras la institución despliega un trabajo intenso de vigilancia y supervisión, a fin de que se cumplan las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para proteger del virus a la gente, se incrementan los ataques, los actos de resistencia, la desobediencia a las normas y la violencia.

Entre el 1 de enero y el 26 de junio de este año, la Policía Nacional ha sufrido agresiones a 730 miembros de su personal. Pero, desde mediados de marzo hasta estos días, durante la emergencia, se redobla la violencia ciudadana contra los uniformados. En tiempos de coronavirus: 388 policías agredidos.

Antecedentes

A largo y ancho del país, los servidores policiales han sido objeto de varios tipos de agresiones: verbales, físicas a través de golpes de puño y pies, con piedras, palos, puñales, dagas, cuchillos, machetes, armas de fuego; por individuos solos o por grupos de personas; algunas veces de familias enteras; producto de estas agresiones existen policías que han debido ser internados en casas de salud, con roturas de cabeza, dedos cercenados, rotura de huesos, contusos, con cortaduras de chalecos de protección y cortes en su humanidad.

Ha habido también robo de las pistolas de dotación, daño a patrulleros (rotura de espejos, parabrisas, faros), destrucción de patrulleros (patrulleros quemados).

Por cada agresión se ha levantado el respectivo parte policial y con la apertura de la instrucción fiscal el Ministerio ha presentado la acusación particular.

Los casos que constan en la base de datos son remitidos por la Policía Nacional a la Coordinación Jurídica una vez que tienen conocimiento de las infracciones; y por pedido de la misma Coordinación cuando se conoce de agresiones, por ejemplo, a través de las redes sociales.

Diez años para el homicida de un policía

Diez años de prisión, una multa de 800 salarios básicos unificados y $ 5.000 como reparación a la víctima es la sentencia que el 1 de julio dictaminó el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha contra Luis Eduardo Salambay Chisaguano, quien mató al sargento Leonidas Pavón. Los hechos ocurrieron el sábado 13 de julio de 2019, a las 14:30, en el sector de la Marín, en Quito.

El sargento Pavón acudió al local Promociones de la Marín para ayudar a Ángel Vaca Reinoso, persona de la tercera edad, que en ese momento había sufrido un robo violento.

Mientras el sargento socorría a la víctima, fue sorprendido por el asaltante con una puñalada a la altura del muslo derecho, que le ocasionó una herida de 10 cm de profundidad y que, horas más tarde, provocó su muerte.

Inmediatamente los agentes activaron un operativo de búsqueda del sospechoso, que fue localizado en las calles Montúfar y Chile, con el arma y las pertenencias sustraídas al ciudadano. El individuo tenía seis detenciones anteriores por otros delitos.

La cúpula policial se solidarizó con los familiares de Pavón y respaldó su actuación heroica. El Ministerio de Gobierno presentó la acusación particular en representación de la víctima y en defensa de la institución.

Casi un año después, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha dictó sentencia. El caso del sargento Pavón es uno más de la larga lista de policías que han perdido la vida por cumplir con su deber.

DATOS
$ 5.000 de reparación, una multa de 800 SBU y 10 años de cárcel a delincuente que mató a policía.
53 ataques a uniformados hubo en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en la pandemia.
34 acusaciones particulares planteó el Ministerio de Gobierno.

El secuestro se castiga hasta con 7 años

Para Jorge Villacreses, experto en Seguridad, en estos casos se requiere de mediadores que tengan algún tipo de injerencia sobre estas comunidades para que puedan negociar y llegar a un acuerdo.

Además, se debe hacerles entender a los dirigentes que el covid-19 es contagioso y hay un protocolo para atender a los fallecidos; que no pueden ser enterrados en cualquier espacio.

Según Villacreses, ese es el sentido de la negociación porque una incursión armada puede generar víctimas, pues los indígenas tienen sus propias armas, como lanzas o cerbatanas.

Los comuneros de Kumay están cometiendo el delito de secuestro, tipificado en el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionado con una pena de 5 a 7 años de prisión, aseguró el abogado Fabricio Mena, especialista en Derecho Penal.

El jurista recordó que la comunidad Kumay presentó una denuncia en contra de la gobernadora por no entregar el cadáver de su líder. Considera que la Fiscalía tenía que investigar en torno a esta denuncia y no permitir que los comuneros retengan a las seis personas, lo que es un delito. (I)