En la comunidad indígena de La Cocha, ubicada en la provincia de Cotopaxi, el asesinato de Marco O.  ocurrido en mayo del 2010 conmovió a sus habitantes. Por este hecho, 5 de sus supuestos victimarios recibieron una sanción de acuerdo a la justicia indígena.

Sin embargo, el caso fue dado a conocer a la justicia ordinaria y los 5 fueron detenidos y privados de libertad durante casi un año. El dilema es: ¿Se puede juzgar en 2 sistemas judiciales distintos a las mismas personas y por el mismo delito?

Este caso tomó como ejemplo Ramiro Ávila, jurista y catedrático de la Universidad Andina, durante su intervención en la mesa redonda: “Justicia Indígena y Constitucionalismo”, evento realizado en el mismo centro académico. Rosembert Ariza, sociólogo y docente de la Universidad Nacional de Colombia; y Mariana Yumbay, jueza de la Corte Nacional de Justicia también participaron.

De acuerdo con Ávila, la  justicia indígena está considerada al mismo nivel que la justicia ordinaria, por lo que hay un reconocimiento de la plurinacionalidad a ese nivel. Indicó que lamentablemente en la justicia ordinaria la solución para casi todos los delitos es la cárcel. “Estamos colonizados con la idea de que la cárcel resuelve todo, pero  los pueblos indígenas vienen solucionando delitos graves desde hace mucho tiempo”.

Para Rosembert Ariza el debate de la justicia indígena surge de los alcances de su autonomía. Explicó que en Colombia su constitución la reconoce desde el año 1991, por lo que al momento existen cerca de 470 sentencias en temas de jurisdicción especial indígena.

Yumbay manifestó que la justicia indígena se caracteriza por ser transparente y los conflictos se resuelven en grandes asambleas. Además sugirió que en las universidades se debería enseñar pluralismo jurídico, para que los futuros abogados conozcan de los 2 sistemas judiciales.