El tercer día de la audiencia de juicio por el denominado caso Singue, se reinstalará mañana, miércoles 14 de octubre, a las 09:00.

En el segundo día de la diligencia, la Fiscalía General del Estado presentó cuatro testigos.
El Tribunal, conformado por los jueces Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra, escuchó la versión de dos peritos que efectuaron la materialización de la información y análisis de metadatos de un archivo, que hace referencia a la evaluación del proceso de calificación para la adjudicación del campo Singue.

Además, rindieron su testimonio dos de los miembros del equipo de la Contraloría General del Estado quienes elaboraron el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IIRP): un experto en el tema petrolero y la directora de Auditoría de Sectores Estratégicos de la entidad de control.

Ellos aportaron con sus conocimientos para determinar las irregularidades en el proceso de licitación.

En sus conclusiones, este informe señala que no debía realizarse la adjudicación, pues la empresa no cumplía con las bases para la contratación planteadas en el proceso de licitación y no contaba con la experiencia necesaria en campos petroleros.

Los funcionarios de Contraloría sostuvieron que el Estado se vio perjudicado, ya que en la negociación se fijó un precio de $ 33,5 por barril producido, cifra a la que se llegó al no tomar en cuenta el total de las reservas probadas del hidrocarburo, debido a que, al ser un campo joven, en Singue se podría explotar el 100% o más de las reservas.

Fiscalía investiga un presunto delito de peculado, cometido en 2012, cuando la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio DGC –conformado por Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y la firma Gente Oil Development– suscribieron un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de este campo petrolero.

Las presuntas irregularidades en la adjudicación (inobservancia en la normativa legal) por parte de los funcionarios públicos y el cálculo de la tarifa habrían provocado un perjuicio económico de más de $ 28,5 millones.

En esta causa están vinculados el exvicepresidente Jorge Glas; los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli, Wilson Pástor y su hija Silvana Pástor. Esta última fue señalada, puesto que los términos de los contratos con el estado no permiten que los familiares de dignidades públicas suscriban contratos.

En declaraciones a medios de comunicación Silvana Pástor reiteró que durante la adjudicación del contrato, ella no tenía relación alguna con Gente Oil en esa época, especialmente cuando Pástor aceptó la recomendación de Licitaciones de Hidrocarburtos, así como de los demás procedimientos legales. (I)