“Son nueve años buscando justicia ¡Qué incertidumbre!”. Resumió Sandra Jiménez la impotencia que vive ella y su familia tras la muerte de su hermano Froilán Jiménez.

Él fue agente del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Falleció el 30 de septiembre (30-S) durante la evacuación del expresidente Rafael Correa, quien estuvo en el hospital de la Policía mientras había una revuelta policial.

La tragedia marcó a la familia no solo por la pérdida del policía, sino porque no se ha identificado al responsable del disparo que segó la vida del joven.

En su casa hay fotos de Froilán. Sandra contó que las mira con la esperanza de que acaben las diligencias legales.

En julio de 2019, la Corte Provincial de Pichincha anuló lo actuado por la causa y regresó a indagación previa, luego de que la investigación pasara por ocho fiscales. “Hay esperar hasta la vinculación de los involucrados para que se inicie la instrucción fiscal”, explicó.

La Fiscalía anunció varias diligencias. Una de ellas será la inspección a la habitación del hospital de la Policía, en donde estuvo Correa. También habrá una reconstrucción de hechos en los alrededores del hospital.

Para Sandra, estas disposiciones no bastan porque ha existido gran dilatación. “En la Fiscalía les ha importado poco revictimizar a la familia. Exigimos al Estado que nos digan quién mató a Froilán”, reiteró.

La causa de Jiménez no es aislada. Por los hechos del 30-S hay otros 21 expedientes que se encuentran en indagación previa, según la Fiscalía General del Estado.

Entre 2010 y 2019 ingresaron 46 expedientes; hay nueve con sentencia condenatoria y hay otras en apelación.

Los casos más connotados son “La Recoleta”, “Tentativa golpe de Estado”, “Radio Patrulla”, “Ecuador TV”, “Tentativa de magnicidio”, “Incitación a la rebelión (por parte de Fidel Araujo)”, entre otros.

Informe de persecución

El hecho dejó sanciones administrativas y judiciales, para policías y civiles. No obstante, con el fin del régimen de Correa, se iniciaron denuncias por irregularidades y hasta persecución.

Esa fue la conclusión del “Informe final de la Mesa por la Verdad y la Justicia perseguidos políticos Nunca Más”. La comitiva -que se estructuró durante el Consejo de la Judicatura de Transición- analizó 247 casos de persecución política, de los cuales el 50% correspondió a la revuelta de los policías.

Paúl Jácome, presidente de la Mesa, fue una de las personas señaladas por los hechos acontecidos ese día y acusado de invadir propiedad pública, pero salió en libertad tras cumplir 11 meses de prisión.

Jácome fue uno de los “Tres de Cotopaxi”, con Xavier Cajilema, exconcejal de Latacunga por el disuelto MPD y Edwin Lasluisa. Ese hecho fue el punto de partida para liderar la investigación con la que estimó que los procesos legales “afectaron en la vida de cerca de 17 mil policías”.

El informe desprendió que las causas se levantaron “por tipos penales difusos”.

El documento también da cuenta de que al menos 495 jueces, conjueces y fiscales, que habrían tenido actuaciones irregulares en los casos, han sido denunciados administrativamente en el Consejo de la Judicatura (CJ). De ellos, 14 están en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

“El Estado reemplazó al sistema judicial  y se convirtió en un sistema de control que se determinaban en enlaces sabatinos y se cumplían en juzgados”, explicó Jácome.

El día de la revuelta también se registraron disturbios en los exteriores de la Asamblea Nacional.

Rolando Tapia, excomandante de la Escolta Legislativa, fue procesado por el delito de atentado Contra la Seguridad Interna del Estado. La Corte Provincial ratificó la causa y lo sentenció junto con otros cinco uniformados.

Tapia advirtió que espera que el CJ defina los jueces de la CNJ para iniciar un trámite que declare su estado de inocencia. “Tengo pendiente ese recurso de revisión”, advirtió.

El caso Sobornos dio una alerta

Los hechos por el 30-S no se enfrían. Incluso, en el expediente que se abrió por el “Caso Sobornos 2012-2016”, saltaron nuevos elementos sobre una presunta manipulación de los hechos.

El caso se dio a conocer por unos correos electrónicos que intercambiaban Pamela Martínez, exjueza de la Corte Constitucional y exasesora de Correa con Laura Terán, excolaboradora de Martínez.

Se conoció que se les mantenía informadas de lo que ocurría en los tribunales y sobre las sentencias. Los correos hablaron, por ejemplo, de Fidel Araujo, acusado de atentar contra la seguridad del Estado.

El expolicía Hugo Bonifaz, también menciona a Martínez. El agente fue sentenciado a 12 años de privación de la libertad; luego de un largo litigio salió hace seis meses en libertad.

Aseguró que en ese lapso trataron de sobornarles con $ 150 mil. Y responsabilizó al asambleísta José Serrano y a Santiago Andrade, esposo de la jueza Silvia Sánchez.

Añadió que fue abordado por dos ocasiones por Martínez, cuando cumplía sentencia en la Cárcel N.º 4. “Me ofrecía el indulto para que acuse a 1.100 policías si afirmaba que el 30-S era verdad”, refirió.

Jácome concluyó que lo más prudente es que el actual régimen haga públicos los expedientes del 30-S. Mientras las causas legales continúan, Sandra reconoció que no puede hacer nada hasta que no haya una sentencia por el caso de su hermano, pero advirtió que acudirán a organismos internacionales.  

La mujer coincidió con Jácome sobre la necesidad de desclasificar los archivos. “¿En qué afecta al Estado que se diga quién mato a Froilán Jiménez?”. (I)