De acuerdo a las necesidades y la coyuntura, la Escuela de la Función Judicial capacita a jueces, fiscales, defensores públicos, notarios y abogados en libre ejercicio. Este año se extenderá a todos los que trabajan en el sistema de justicia.

La directora de la EFJ, Patricia Andrade, explicó a EL TELÉGRAFO lo que se tiene previsto hacer y la meta para este 2018, que es alcanzar la certificación internacional.

¿Cómo definen la realización de los cursos?
Tenemos una permanente oferta académica en todas las materias jurídicas para los jueces, fiscales y defensores públicos que son nuestro grupo misional. Con grupos específicos se hace anualmente el levantamiento de las necesidades de capacitación y se toma en cuenta la evaluación de desempeño que se realiza a los jueces. Se identifican falencias, la necesidad de unificar criterios y es ahí cuando entra la Escuela.  

¿Cuántos capacitados en 2017?
La capacitación en modalidades presencial y virtual se extendió a nivel nacional en coordinación con 70 instituciones públicas y 50 universidades, en beneficio de 9.408 abogados de instituciones públicas, 700 docentes universitarios y 74.819 participaciones de miembros del Foro de Abogados.

¿La capacitación es en temas específicos?
Sí, actuamos con mayor fuerza cuando tenemos temas puntuales. Por ejemplo, cuando saltó la alarma de los delitos sexuales contra los niños, si bien teníamos en nuestro plan de formación una oferta académica para abordar este tema, actuamos enseguida generando material académico y despliegues presenciales.

¿Eso fue suficiente?
Violencia de género y abuso sexual infantil son temas prioritarios dentro de nuestra malla de formación continua. Siempre han sido tratados porque requieren de una atención especial por ser grupos vulnerables. Los compromisos institucionales que se asumieron a partir de la coyuntura que se presentó en 2017 nos exige cumplir otras acciones.

¿Cuáles, por ejemplo?
No nos quedamos en la sensibilización y vamos a un proceso de concienciación.  Es decir, apuntamos a hacer conciencia de esa situación y cómo puedo ayudar desde mi rol. Y desde la Función Judicial puedo hacer la diferencia en la atención que doy a las personas afectadas.

¿Cuánto ha avanzado esto?
Hemos trabajado entre noviembre y diciembre en una malla de formación para jueces, fiscales, defensores públicos, policías, peritos, psicólogos trabajadores sociales, gente de ventanilla, etc. Convocamos a un grupo amplio de formación de formadores, tenemos 16 con los que iniciamos el proceso para para poder replicar a nivel nacional y llegar a más de 6.000 funcionarios.

¿Cuándo empiezan el trabajo?
Los formadores van a arrancar con un proceso sobre temas de desgaste profesional y autocuidado este 14 de febrero. Inicia con un componente virtual, de tal manera que puedan comprender qué es el autocuidado, el desgaste emocional. El tratamiento de otros temas los iniciaremos  con estos equipos multidiciplinarios en el primer presencial, que será desde el 17 de febrero.

¿Cuándo termina la campaña?
Será un despliegue que nos va a tomar todo 2018, sobre concienciación ante la violencia de género y abuso sexual infantil, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de mi trabajo como empleado público y de la institución.

¿Qué se espera de este proceso?
Enseñar a los funcionarios que tratan este tipo de casos de violencia de género y abuso sexual infantil, a manejar el estrés, contenerse, ser objetivos, pero sin frialdad; y sobre todo a concienciar el rol tan importante que cumplen. Es decir, dar confianza y atender a los denunciantes como es debido, desde que llegan a la unidad judicial hasta cuando hayan recibido la ayuda que buscaban.

¿La formación será por grupos?
Hemos considerado como metodología de trabajo exitosa el que no nos vamos a dividir en grupos profesionales o áreas, más bien los formadores visitarán las unidades judiciales en donde encontramos desde el que recibe a la gente en la puerta hasta los jueces, fiscales y autoridades. Se los reunirá a todos y se les dará el curso de formación porque apuntamos a certificar a las unidades.

A más de esto, ¿cuál es el reto de la Escuela para este año?
Le hemos dado mucha importancia al tema de la investigación para tratar de conseguir la acreditación de calidad ante la Red de Escuelas Judiciales de Iberoamérica, que es algo complejo porque hay muchos parámetros de evaluación, en lo académico y en lo administrativo.

¿Cuánto se ha avanzado?
Estuvimos desde 2015 trabajando y en 2017 nos lanzamos a la postulación. Hemos cumplido durante 2017 todos los requisitos que nos pidieron para la acreditación que parte de la norma INEN ajustada a la justicia. Cumplimos todo lo que es documentación y requisitos. En noviembre del año anterior vino un evaluador que es un auditor y se fue muy sorprendido. La conclusión de su informe es que la Escuela ecuatoriana ha sobrepasado las expectativas.

¿Este año la Escuela ecuatoriana será acreditada?
Este año nos acreditamos. Primero tiene que reunirse la Asamblea de la Red de Escuelas Judiciales para conocer formalmente el informe del evaluador y decidir la acreditación. Y estamos esperando eso. (I)