Desde la noche del jueves 19 de diciembre de 2019 la prefecta de Pichincha, Paola P., se encuentra recluida en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Atención Prioritaria Femenina de Quito, conocida como la Casa de Confianza de Chillogallo.

La funcionaria, quien es procesada por el delito de rebelión fue trasladada desde el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, en medio de medidas de seguridad y reserva.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó el cambio como parte del cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La Prefecta ha sido ya trasladada ayer a un nuevo centro de privación de Libertad”, dijo, al señalar que el Gobierno cumple sus obligaciones con la CIDH.

El procesado Christian G., también fue trasladado desde el Centro de Detención de El Inca a la Cárcel 4, en donde también está detenido el tercer vinculado en este caso, Virgilio H.

Freddy Ron, abogado de Paola P., dijo no estar de acuerdo con el cambio de cárcel. Él pedía que se salvaguarden tres derechos: a la vida, a su integridad personal y a los derechos políticos, por lo que esperaba se la libere.

Pasado este mediodía, la Fiscalía anunció que solicitará la reformulación de cargos en contra de la prefecta Paola P., Virgilio H. y otros.

Los acusa por el mismo tipo penal establecido en el artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal, es decir por rebelión, pero se le cambiará el inciso cuarto por el primero.

El argumento es que, dentro de la instrucción fiscal no se ha podido establecer, a pesar de que los procesados efectivamente trabajaban para, a través de actos violentos bien concertados, conseguir tales objetivos, la participación o financiamiento de grupos armados.

El inciso primero sanciona a la persona que "se levante en armas, para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones". (I)