La entrega de los casos archivados por delitos contra la integridad sexual de estudiantes en la Zona 8 se suspendió este lunes 25 de junio, porque el nuevo fiscal provincial de Guayas, Washington René Astudillo Orellana, aún no asumía esa función.

Las autoridades del Ministerio de Educación tenían previsto entregar este 25 de junio los expedientes de casos de abusos sexuales en la Fiscalía de Guayas, pero al conocer el cambio de autoridad decidieron aplazarlo hasta que Astudillo se posesione.

Patricia Morejón, que hasta el viernes último desempeñó el cargo, este lunes 25 de junio estaba en su despacho a la espera de sus nuevas funciones. “Aún no me llega la acción de personal para saber mi cargo”.

Astudillo, quien asumirá el despacho como encargado, dijo que sabe de su designación, pero espera el documento (acción de personal) para oficializarse. El funcionario, quien está en comisión de servicios como asesor en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, presumió que este martes 26 de junio en la tarde ya estará en el despacho laborando.

El viernes 22 de junio en la noche el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) designó a 23 fiscales provinciales que ejercerán ese cargo de manera temporal hasta que se concrete el respectivo concurso de méritos y oposición.

Para adoptar esta decisión, las autoridades judiciales dieron por terminada la prórroga de funciones de los fiscales provinciales, que la había dispuesto el 25 de abril de este año el director general de la Judicatura, Tomás Alvear.

Posesión de nuevo vocal
Juan Pablo Albán, posesionado este lunes 25 de junio como vocal del CJ, pedirá a sus colegas que reconsideren la designación de los fiscales provinciales. “Creo que por la premura se tomaron decisiones que pudieran ser vistas como erróneas y además pudieran premiar a personas que han tenido conductas cuestionables”.

Ante el pronunciamiento de Albán, los asambleístas Cristina Reyes y Vicente Taiano pidieron que se cumpla la designación de los nuevos fiscales provinciales en el marco del Código Orgánico de la Función Judicial.

El artículo 121 de ese marco legal menciona: “La servidora o el servidor de la Función Judicial que hubiese cesado en el puesto desempeñará funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado”.

El artículo 46 del mismo código dice: “La designación de los representantes de la Fiscalía en cada sección territorial se realizará previo concurso en el cual tendrán derecho a intervenir los fiscales que se hallen por lo menos en la tercera categoría de la carrera”, lo cual no ha ocurrido con la mayoría de designados.

Uno de los cuestionados es Washington Astudillo, fiscal provincial del Guayas encargado, quien en su defensa ratificó que su actuación dentro del caso Gabela fue técnica y negó la existencia procesal de Derlys Salazar Vargas, alias “Francis”, como supuesto autor del disparo que terminó con la vida del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

El perito argentino Roberto Meza señaló en su informe final del caso Gabela que Jaime Arias Tomalá, supuesto cómplice de los hechos que terminaron con la vida de Jorge Gabela, sostuvo en una prueba poligráfica que “Francis” pagó $ 20.000 al fiscal Astudillo para que lo libere un año después cuando fue detenido junto a Richard Párraga.

Astudillo mediante un comunicado desmintió ese pago y calificó de maliciosa la versión de esa entrega de dinero dentro del caso Gabela.

En su respuesta escrita aseguró que “no es cierto que Salazar Vargas, alias “Francis”, cuyo verdadero nombre es Francisco Israel Cruz Vargas, haya estado detenido o vinculado dentro del caso de la muerte del general Gabela.

Indicó que “jamás ni la Policía mediante parte informativo o de detención puso a conocimiento de la Fiscalía al referido ciudadano y ninguno de los procesados lo nombra”.

Agregó que de la revisión del sistema Satje se comprueba que “Francis” se encontraba a órdenes del Juzgado 24 de Garantías Penales del Guayas, dentro de la causa penal por el delito de robo calificado y en la audiencia preliminar la Fiscal interviniente pese a acusar por robo calificado, el juez Héctor Mata (e) llama a juicio al procesado por robo simple y es ahí donde el referido juez le sustituye la prisión preventiva y obtiene su libertad.

Los vocales del CJ, Aquiles Rigail y Zobeida Aragundi dijeron que quienes cuestionen los encargos pueden impugnarlos en la Judicatura. (I)

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Asambleístas cuestionan la designación por encargos
La designación de los nuevos fiscales provinciales detonó las dudas en las bancadas legislativas, sobre todo de Alianza PAIS y de CREO.

María José Carrión, de la bancada oficialista y presidenta de la Comisión de Fiscalización, anunció que pedirá oficialmente al Consejo de la Judicatura que inicie el proceso de selección de los 23 nuevos fiscales provinciales permanentes. Para ella es fundamental que se aceleren los concursos para terminar con los encargos.

El mismo criterio tiene Luis Pachala, del movimiento CREO, incluso anticipó que su bancada, que es la segunda de la Asamblea, quiere conocer también los motivos para la designación de los representantes del Ministerio Público, especialmente la ratificación del encargo de la Fiscalía en Napo a Guillermo Moreno Garcés, hermano del Presidente de la República.

En esta misma línea se pronunció Fabricio Villamar, también de CREO, quien aseguró que la presencia de familiares del Jefe de Estado. “Como fiscales y directores del Consejo de la Judicatura, no genera confianza”. (I)

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Jueza Jiménez, restituida en su cargo, no cobrará sueldos
La jueza María Leonor Jiménez de Viteri, restituida en su cargo por el Tribunal Contencioso Administrativo, no cobrará las remuneraciones y los demás beneficios de ley dejados de percibir, tras su destitución el 23 de noviembre de 2011. Jiménez fue cesada de sus funciones por un sumario administrativo que le abrió el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT).

La investigación disciplinaria contra la entonces presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas nació tras calificar como “jueces golondrinas” a quienes condenaron a diario El Universo a pagar una indemnización de $ 40’000.000 y 3 años de prisión por injurias a sus directivos y editor de opinión.

Las declaraciones de Jiménez fueron calificadas como denigrantes para sus inferiores en una denuncia presentada ante el CJT por Víctor Proaño. Jiménez, en su momento, calificó su destitución como política y producto de un capricho del expresidente Rafael Correa.

Ante ello, presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso, el cual este 22 de junio declaró con lugar la demanda de manera parcial y la restituyó en su cargo de jueza mas no como presidenta de la Corte. También dice que el CJT incumplió el parámetro de razonabilidad en la motivación de sus resoluciones. (I)