Más de seis meses han transcurrido desde la insubordinación policial del pasado  30 de septiembre (30-S) y hasta el momento  ninguna persona ha sido sancionada penalmente, y no se puede precisar el número exacto de procesados, puesto que conforme avanzan las investigaciones aparecen otros nombres.

A la fecha, seis procesos legales se encuentran abiertos: Atentar contra la seguridad interna del Estado; Insubordinación  Policial en el  Regimiento Quito Nº 1; Tentativa de asesinato contra el Presidente de la República; Rebelión  en la Asamblea Nacional; Toma de las instalaciones de Ecuador TV; y Ataque a una ambulancia de la Clínica Villaflora.

Los casos relacionados con los miembros de las Fuerzas Armadas, por la toma de la pista del aeropuerto Mariscal Sucre y las protestas en los exteriores del Ministerio de Defensa, se ventilaron administrativamente  y en el campo militar.

Los procesos

Atentar contra la seguridad interna del Estado es el delito  que investiga el fiscal Miguel Jiménez, en el que  estaba  involucrado el  mayor del Ejército   en servicio pasivo    Fidel Araujo, antiguo colaborador del   ex presidente Lucio Gutiérrez,  que estuvo presente  en el Regimiento Quito Nº 1  durante la revuelta.

Araujo fue    acusado  de incitar a la rebelión policial y estuvo  recluido   seis meses, hasta el pasado 2 de abril,   cuando  el Tribunal Penal Cuarto de Pichincha emitió un  fallo absolutorio. La investigación de la   Fiscalía presentó     fotos,  vídeos y testigos  que mostraban al procesado incitando  a los miembros de la tropa, pero los jueces resolvieron no imputarlo por, al final, no hallar méritos suficientes. La decisión fue apelada por el fiscal Jiménez y en estos momentos aguarda por  la  resolución de la sala que debe  analizar el pedido.

Para el fiscal distrital de Pichincha, Marco Freire, se ha demostrado la existencia del delito y la responsabilidad de Araujo:  “El solo hecho de estar presente en el Regimiento Quito sin ser empleado de la Policía u  oficial retirado de la Policía lo demuestra. Todo el mundo vio que usaba un chaleco antibalas y que caminaba como si estuviera organizando algo,  pero los señores del Tribunal no lo  han visto y por eso hemos apelado”. La defensa del mayor (r) del Ejército ha comentado, por su parte, en más de una ocasión,  que la tesis de que este portaba un chaleco antibalas no llegó a comprobarse durante el proceso, así tampoco sus instigaciones. Ahora está en manos de la sala de apelación brindar conclusiones más esclarecedoras.

Mientras tanto, la   Fiscalía espera que el Tribunal Penal de Pichincha fije la   fecha  de la audiencia de juzgamiento en el proceso por Atentado contra la vida del Presidente que se sigue en contra de  ocho policías, entre ellos Luis Martínez, ex GAO;   César Carrión, ex director del Hospital de la Policía, y los uniformados Jaime Paucar y Geovanny Chancusi.

Martínez es acusado de ser uno de los principales instigadores de la rebelión policial; permaneció prófugo por cuatro meses hasta que se entregó voluntariamente en febrero de este año.

Carrión, en cambio, es procesado por haber impedido el ingreso del Presidente Rafael Correa a la casa de salud que  presidía. En tanto que Paucar y Chancusi son investigados para determinar quién intentó retirarle la máscara antigás a  Correa  durante la revuelta.

La  defensa  del ex jefe de la Escolta Legislativa, Rolando Tapia, también espera que el Tribunal fije la  fecha de la audiencia de juzgamiento, pues el fiscal  Miguel Jurado lo acusó por el delito de atentado a la seguridad interna del Estado, por lo ocurrido  el 30-S  al interior de la Asamblea.

Su abogado, Víctor Cevallos, considera que el juzgado ha actuado con lentitud, pues su cliente lleva más de seis meses detenido. No obstante, confía en que podrá demostrar la inocencia del coronel.

En el mismo proceso, los policías Marco Tibán, Xavier Noboa y Carlos Tasinchana fueron acusados de encubridores, y conforme a la ley fueron liberados, pero la Fiscalía dictó el auto de llamamiento a juicio.

Como parte del  proceso, en cambio, fueron liberados de  culpa los uniformados Edison Zapata, Gabriel Lucero, José Heredia, Jean Revelo y Segundo Carrasco.

Para el abogado Patricio Armijos, quien  representa a casi el 60% de los policías implicados en la insubordinación   del Regimiento Quito, la liberación de Zapata es una victoria y cree que “una vez que se evacúe la etapa de juicio,  los uniformados, bajo estricta justicia, serán declarados inocentes”.

Los procesos por el ataque a una ambulancia de la  clínica Villaflora y por la toma de las instalaciones de Ecuador TV continúan en indagación previa. 

El primero, a cargo del fiscal Vicente Reinoso,  pretende identificar a los responsables de la muerte de uno de los militares heridos que transportaba la ambulancia desde los exteriores del Regimiento Quito.

Reinoso indicó que en los próximos días se desarrollará la diligencia para la reconstrucción de los hechos, por lo que ha solicitado  la presencia  de varios testigos y  de la ambulancia en mención.

Sobre la toma del edificio de los medios públicos, el fiscal Gustavo Benítez dijo  que luego de la   reconstrucción de los hechos, efectuada el viernes anterior, se resolvió vincular a tres personas más:  Nery Proaño Tamayo, Juan Carrasco Aguirre y Xavier Montesdeoca Salazar, identificados en vídeos y fotografías tomados  la noche del 30-S.

Así suman 13 los implicados en este caso, entre los que constan  Max Marín, Paúl Camacho, Pablo Guerrero (prófugo), María Cevallos, Daniel Endara y Patricio Fajardo. Con las nuevas vinculaciones, la Fiscalía  tiene 30 días de  plazo para emitir  un  dictamen.

Al respecto, el fiscal distrital asegura que las instrucciones están en camino y  considera que  algunos procesos demorarán entre 30 y 60 días más. “Según va investigando la Fiscalía,  aparece nueva  gente involucrada y  tenemos que vincularlos, pero creo que todas las instrucciones y procesos en marcha se cerrarán definitivamente  en dos  meses”, comentó Freire.

No obstante, reitera que la Fiscalía actuará apegada a la ley y niega que haya presiones externas: “No recibimos presiones de ninguna índole y tampoco analizamos si intervienen políticos, lo que nos interesa es el cumplimiento estricto del debido proceso”. 

Sanciones administrativas

En total 1.086 policías fueron sancionados por participar,  directa o indirectamente, en la sublevación del pasado 30 de septiembre suscitada en el Regimiento Quito Nº 1 y la Asamblea Nacional.

El inspector general de la Policía, General Nelson Argüello, informó que del total, 907 policías fueron sancionados administrativamente y 179 están en proceso de calificación por mala conducta, a órdenes de los Consejos, de acuerdo con su jerarquía. De  las 907 sanciones,  50 fueron para  jefes, 56 para   oficiales subalternos y 801 entre clases y policías. En cuanto al número de uniformados procesados por rebelión, hay 175 casos.

Además, se dictaron medidas cautelares para 5 jefes, 5 oficiales subalternos, 26 clases y policías;  y se han dispuesto órdenes de los Consejos para 7 jefes, 16 oficiales subalternos y 103 clases y policías.

Entre los jefes policiales están los coroneles Rolando Tapia y César Carrión, quienes tienen dos procesos penales en su contra.

Los uniformados fueron sancionados con pena de primera y segunda clase: prisión de 24 horas hasta 15 días, según el expediente del gendarme y basados en el art. 59 del capítulo Primero del Reglamento de Disciplina,  explicó Argüello, quien precisó también que habrá repercusiones en sus hojas de vida  para verificar ascensos, calificación para cursos en el exterior o extensión de condecoraciones. Y si hay reincidencia en el cometimiento de faltas disciplinarias se obstruirá, acotó, su futuro profesional.