La petición de Hábeas Data solicitada por la defensa de 38 expolicías que conformaban el grupo de 208  uniformados separados de la institución, mediante acuerdo ministerial del pasado 6 de junio, fue negada por la jueza Tercera de la Niñez y la Adolescencia, Patricia Segarra.

La audiencia se inició pasadas las 11:00 de ayer. Patricio Armijos, abogado defensor  de los exuniformados, expuso la necesidad de que los documentos que usó el Consejo de Generales de la Policía para proceder a la separación sean entregados.

208 policías de diferentes rangos fueron separados de la institución por disposición del Ministerio del InteriorSegún explicó el ministro del Interior, José Serrano, cuando difundió el decreto de separación,  la mayoría  de los 208 policías cuestionados ya estuvo fuera de la institución por haber cometido diferentes delitos o, en algunos casos, estaba en proceso de salida, pero logró obtener amparos constitucionales y medidas judiciales de protección para retornar o seguir en las filas policiales.

Rodrigo Suárez, comandante de la Policía, afirmó que todos los expedientes de los uniformados separados cuentan con la documentación de respaldo necesaria, pasaron por la Inspectoría y fueron analizados en el Consejo de Generales. Pero, según la defensa, no existiría la documentación necesaria que pruebe las supuestas infracciones que motivaron la medida.

El abogado del Consejo de Generales de la Policía señaló en la audiencia que el pedido era improcedente, ya que el Hábeas Data se solicita a título personal.

En el mismo sentido, Edwin Gaona, abogado de la Inspectoría de la Policía, aclaró que el reclamo o la solicitud de entrega de documentación se debería haber presentado al Ministerio del Interior, por ser “el legítimo contradictor”, ya que  fue esa cartera de Estado la que originó el decreto de separación.

La jueza, luego de escuchar a las partes en conflicto, decidió negar el pedido, ya que consideró que “no se ha utilizado la vía adecuada para el recurso”.

El Hábeas Data que solicitó la defensa de los policías es un recurso reconocido en el artículo 92 de la Constitución de la República, por el cual una persona natural o jurídica puede acceder, actualizar, rectificar, eliminar o anular la difusión de datos que sobre ellos se hayan generado.