El plan de Gregory Araque, venezolano de 28 años, y sus amigos era llegar al Centro Histórico en Quito. La migración estaba definida y el trayecto desde su país hasta Ecuador les tomó cinco días.

Dos horas después de arribar a la ciudad, la depresión que sufrió le impidió conquistar su meta: en el puente de Zámbiza, en el norte de la capital ecuatoriana, se quitó la vida al dejarse caer al vacío. Era 28 de agosto de 2019.

Él es uno de los 124 migrantes que se suma a la estadística de muertes violentas que va en aumento en el país. Mientras en 2017 hubo 19 casos, 2018 registró 34 decesos bajo diferentes circunstancias agresivas. En 2019 este número se duplicó hasta llegar a 71.

Fredy Herrera, coordinador técnico del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, indica que las principales causas de muertes van a la par de los fallecimientos de los ecuatorianos: los accidentes de tránsito están a la cabeza, en segundo lugar las muertes por arma blanca y suicidios, sobre todo ahorcadura.

En el monitoreo de flujo de la población venezolana (ONU 2019) se expone que casi el 64% de migrantes venezolanos no contaba con los recursos suficientes para realizar su viaje. Al llegar al país de acogida, tampoco el dinero para sobrevivir. Frente a ello, ¿qué pasa si se suma la muerte de un familiar en territorio ajeno?

Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezolana en Ecuador, explicó que cuando un venezolano fallece la primera opción de sus familiares es repatriarlo. Pero la idea queda en ilusión. “Es muy costoso para una persona que apenas llega con pocos recursos. Entonces lo que hacemos es orientarlos para la cremación que tiene un permiso mucho más ágil en el Consulado de Venezuela”, mencionó. El proceso de repatriación de un cuerpo puede costar, mínimo, $ 8.000.

La falta de recursos produce que no todos los cadáveres sean retirados. Aunque el papeleo de permisos sanitarios es gratuito tanto en el Servicio de Medicina Legal como en el Consulado venezolano, el trámite se vuelve extenso.

El principal problema, según el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, radica en la identificación de los ciudadanos extranjeros que fallecieron en Ecuador porque deben esperar la confirmación de la información de las embajadas. Y la situación se complica más si el extranjero no tiene familiares cerca. “Son ciudadanos venezolanos que vienen solos y no hay un familiar que los reconozca. O lo reconoce algún amigo, pero no tiene  documentos que sean evidenciables”, detalló.

La prima de Gregory, Yudith Jugador, está en Ecuador hace un año y cuatro meses. “Me enteré el mismo día que se lanzó. Llamé a Medicina Legal, me dijeron que estaba un NN sin identificar y que tenía que ir a reconocerlo. Estuve en trámites una semana, hasta que llegaron las hermanas”, recordó.

Gregory falleció el pasado 28 de agosto de 2019 y prácticamente un mes después, el 26 de septiembre, salió de la morgue, a la espera de la autorización para la cremación. “Nos dijeron que costaba alrededor de unos $ 3.500 a $ 5.000 repatriar el cuerpo, pero la Embajada indicó que no tenían ese presupuesto, ellos cubren la repatriación pero ya en cenizas. Ahora hay que ir a la Embajada a hacer otro tipo de papeleos para solicitar el permiso de traslado”, dijo Yudith.

Pero hay otros en lista de espera. Keila Quiroz llegó a Ecuador el 19 de agosto a visitar a su esposo durante 10 días. La mañana del 29 despertó con dolor de cabeza, fueron hasta un centro de salud en donde convulsionó y falleció. Fue una muerte cerebral.

Un mes después, el cuerpo sigue en la morgue. “Me dicen que la doctora que tiene que firmar el documento está con permiso y no puede hacerlo”, enfatizó Juan Carlos Reyes, viudo. Cuando realice el proceso de cremación, pretende retornar a Venezuela con los restos.

Ante esta dificultad, las organizaciones de venezolanos han optado por realizar convenios con funerarias para abaratar costos. Cremar un cuerpo puede costar entre $ 350 y $ 450, dinero que en la mayoría de casos no tienen, por lo cual una de las opciones es pagar en cuotas o conseguir donaciones.

Ese es el caso de la Funeraria Jerusalem, en Cayambe, que ha ayudado a 30 familias. Ante las muertes de ciudadanos venezolanos y la falta de recursos, la empresa de servicios exequiales mantiene acuerdos con la comunidad de migrantes.

David Vargas, representante de la Funeraria Jerusalem, explicó que una cremación llega a costar $ 800 pero, gracias a estos acuerdos, el valor alcanza los $ 350 que puede incluir el papeleo en el Ministerio de Salud y la Fiscalía. El mismo costo se mantiene para inhumaciones. “Esto cubre el cofre mortuorio, la preparación del cuerpo, la tanatopraxia (maquillaje), la sala de velación, servicio de cafetería, arreglos florales y los traslados en carroza”.

En el caso de repatriación, existen funerarias que se encargan del papeleo completo para el traslado al país de origen. Consiste en apostillar el certificado de defunción, permiso de movilización de un país a otro y el documento de manejo de cadáveres. El traslado del cuerpo lo realiza una agencia que brinde el servicio de viaje con cargas especiales. “Cuesta alrededor de $ 1.200 sumado a los $ 350 de la cremación y puede tardar hasta cuatro días”, explicó Vargas.

Para cubrir los gastos ante un fallecimiento, la comunidad venezolana se ha organizado. “Ellos (los ciudadanos venezolanos residentes en Ecuador) ahorran en una caja común $ 2 mensuales por persona. Cuando alguien fallece, toman ese dinero para los costos de cremación y entierro”, dijo Vargas.

Cuando ocurre una muerte violenta, las autoridades inician una investigación. Una vez culminado el proceso toman muestras por si requieren nuevas pericias y el cuerpo ya puede ser entregado. No obstante, cuando no es retirado, este es inhumado luego de 30 días como lo establece el artículo 89 de la Ley Orgánica de la Salud.

Herrera explicó cuál es el trabajo del país en el proceso de inhumación. “Nosotros hacemos la adquisición de las cajas mortuorias, conseguimos mediante la ley que los cementerios nos donen el 3% de su espacio para poder inhumar en forma gratuita a los cadáveres que no están identificados o que están identificados y no han sido retirados”.

De este modo se respeta y se da un trato digno a los cadáveres independientemente de su nacionalidad. La compra de las cajas mortuorias y las lápidas está a cargo del Servicio Nacional de Medicina Legal que en 2018 destinó el monto de $ 5.700. En lo que va de 2019 el valor es cercano a los $ 8.000 y no incluyen las lápidas.

Para Geovanna Tipán, especialista de Movilidad Humana en la Fundación Futuro Latinoamericano, “hay personas que viajan solas y aquí tiene un papel importante el Consulado, es tu Gobierno en el país de acogida el que tendría que encargarse de hacer todas la conexiones hacia la búsqueda de la familia en el país de origen”.

Vargas indicó que el mayor número de personas a quienes han brindado el servicio se ha encontrado en Quito. “Las personas que no tienen recursos, difícilmente pueden realizar los papeleos de manera ágil y costearlos”, apuntó. (I)