Tras doce convocatorias fallidas, los  jueces del Décimo Tribunal de Garantías Penales del Guayas, integrado por Manuel Armas Proaño, José Canchingre Tama y Héctor Carvajal Villalba, instalaron  ayer la audiencia de juzgamiento contra José Alberto Fortty Aguas, alias “Gordo Alberto”, y Vicente Salomón Folleco Metiga, quienes son  procesados   por el asalto y robo a un vehículo blindado de la compañía Western Union y  en el que murieron baleados dos guardias de seguridad.

La audiencia se dio a pesar de que en ese caso también estaba  imputado José Luis Arroyo Quiñónez, alias “Negro”, quien curiosamente fue abatido la tarde del pasado martes, en la cárcel  de máxima seguridad conocida como “La Roca”.

El fiscal César Ordeñana indicó que esperará recibir el certificado de defunción del reo para solicitar la respectiva extinción de la acción en su contra. No obstante, el juicio continuó contra los dos detenidos en ese delito, suscitado el 27 de marzo de 2006 en la ciudadela La Garzota, al norte de Guayaquil.

El “Gordo Alberto” alegó que  estaba en Bolivia desde 2005 hasta 2011, mientras estuvo prófugo, eludiendo su responsabilidad en el delito y denunció que sufre una persecución por parte de varios agentes de la Policía Judicial  que lo inculpan en varios hechos delictivos.

Folleco Metiga indicó que su declaración fue manipulada por los agentes y que lo torturaron.

Adolfo Andrés Lira García o Nicolás Salvatierra, alias “Peruano Nico”, quien consta en el listado de los delincuentes más buscados por la Policía Judicial, por su condición de prófugo, también está implicado bajo el cargo  de robo calificado con resultado de muerte.

En la diligencia, que empezó a las 08:45, el fiscal expuso los pormenores del atraco al blindado, al que calificó como premeditado y con alevosía, tras haber constatado, por medio de las experticias de Criminalística, que el vehículo registró 74 impactos de bala en su exterior y 20 más en el interior, aparte de los vestigios recogidos en viviendas, aceras y postes de alumbrado público situados en los alrededores.

El informe policial reveló  que los antisociales emplearon armas de grueso calibre como  fusiles y subametralladoras, y arremetieron contra las víctimas sin darles la mínima oportunidad de reacción.

Medicina Legal corrobora  en el protocolo de autopsia de Marcelo Brando Hurtado y Ramón Andrade Macías, jefe de seguridad y custodio de la compañía, respectivamente, emitido en ese entonces, que los disparos fueron propinados a corta distancia y por la espalda.

La Fiscalía pidió al tribunal, que deberá emitir su sentencia en los próximos 8 días, la pena máxima estipulada en el artículo 80 del Código Penal, que es de 25 años de reclusión mayor especial.