Johana Pesántez Benítez, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, desmintió ayer las  versiones y comentarios de prensa en las que  se señala que la Cartera de Estado está incumpliendo disposiciones legales y obstaculizando el traslado de Rolando Tapia, ex jefe de la Escolta Legislativa, detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Varones Nº1 de Quito (CRSV-Q), acusado de atentar contra la seguridad del Estado el pasado  30 de septiembre.

“Si el juez, a cuyas órdenes se encuentra el coronel Tapia me ordena movilizarlo, yo lo movilizo; pero mientras tanto debe seguir donde está”, aseveró Pesántez en la rueda de prensa ofrecida en horas de la tarde en su despacho.
Añadió que, de acuerdo a los informes médicos, siquiátricos y sicológicos, el detenido se encuentra en buen estado de salud.

Esta declaración contradice la versión de  la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), entidad que  afirma -en un comunicado- que ha solicitado en reiteradas ocasiones la hospitalización del coronel Tapia, basada en  los estudios médicos practicados en el Hospital Eugenio Espejo, que concluyen que presentó complicaciones en su estado de salud debido a que padece de una enfermedad respiratoria, un nódulo en el pulmón izquierdo y sufre de claustrofobia.

El comunicado narra: “La Cedhu exhorta una vez más a las autoridades de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social a fin de que se garantice el derecho a la salud, a la seguridad y a la vida del Crnl. Tapia y se permita su hospitalización sin más dilaciones que dan cuenta que el presente caso se ha convertido en un asunto político, mientras la vida de una persona se encuentra gravemente amenazada”.

La funcionaria  enfatizó que el Ministerio de Justicia se limita a cumplir con la orden dispuesta por  el Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales de Pichincha que, basado en los informes médicos, pide que el coronel Tapia continúe en el Centro de Rehabilitación Social de Varones Nº 1 de Quito (mientras duren las gestiones legales sobre sus responsabilidades en el 30-S.

La Secretaria de Estado informó que las inquietudes se derivaban de eventos de ansiedad sufridos por el acusado  por un trauma de claustrofobia.  “En nuestro país no existen cárceles abiertas”, dijo Pesántez. 

Aseguró que no puede interferir con la parte judicial, “la independencia de los jueces es sagrada para nosotros”, señaló Pesántez, y añadió que el coronel Tapia se encuentra bajo órdenes del Juez de Garantías Penales. “Nuestra competencia tiene que ver con la rehabilitación social y el bienestar de las personas privadas de la libertad”, acotó.

La principal de la cartera de Justicia  recalcó que “si el Juez competente me dice que lo cambie de centro, yo lo cambio”. Pero, insistió que, por ahora, el coronel   está en el escenario adecuado. “No está aislado ni incomunicado, como lo pudieron constatar los asambleístas que lo visitaron hoy (ayer)”.

En efecto, los asambleístas Marco Murillo, Edwin Vaca y Rafael Dávila conversaron con el imputado en la oficina del director del CRSV-Q, Fausto Velásquez.

Y, luego, visitaron la celda que ocupa el detenido y el patio de recreo. Esto, enmarcado en la norma constitucional y los tratados internacionales, que autorizan a los legisladores el resguardo de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.