El fiscal Fabián Salazar dispuso este martes la retención por ocho horas de cuatro militares que estarían vinculados a la muerte de Froilán Jiménez.

Este gendarme era miembro del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y falleció en el operativo que se ejecutó en los exteriores del hospital de la Policía, en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S).

Según la investigación fiscal, del armamento de Vicente N., Vladimir A., Luis D. y Germán R. habría salido la bala que terminó con la vida de Jiménez. Los procesados acudieron de “manera libre y voluntaria” al tercer llamado que realizó la Fiscalía.

El general Luis Eduardo Zaldumbide, inspector general del Ejército, manifestó que los oficiales no se presentaron el jueves de la semana pasada, “no porque no quisieron hacerlo, sino por tiempo”. Detalló que existen los documentos que precisan la actuación. “Fue una operación, los detalles deben analizarse”, dijo, sin embargo destacó que se empleó “el armamento adecuado”.

El arma que se usó es de  calibre 5,56 mm, y, según Zaldumbide, es un formato de “nivel mundial”.

Destacó que se hacen peritajes, diligencias y la justicia cree pertinente realizarse un protocolo administrativo en contra de los cuatro uniformados.

El fiscal Salazar destacó que la Fiscalía actúa “con seguridad y técnicamente”.

Edwin Romero, abogado de los familiares de Froilán Jiménez, indicó que las investigaciones determinaron que la bala fue “militar”, certificada en las pericias.

Cuestionó el tipo de armamento que se utilizó en esa operación, “no se deben usar esas municiones para ese tipo de acciones”, destacó.

También fue crítico con la actuación de los fiscales en este proceso, ya que a su criterio se prolongaron las investigaciones.

Sandra Jiménez, hermana de Froilán, considera que este proceso es un avance en el caso. “Hoy sabremos la verdad y qué pasó el 30-S”.

Los uniformados fueron llevados a la Unidad Judicial  en Quito para la formulación de cargos por el delito contra la humanidad- ejecución extrajudicial. (I)