A los 21 años, Tamia Alta fue asesinada por su exconviviente en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.

Ella es una de las seis víctimas de femicidio registradas en Ecuador hasta el 9 de febrero de 2020, según cifras de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased). Durante el 2019, ocurrieron 65 casos.

Por el femicidio de Tamia, dos niños, de cinco y un año, quedaron en la orfandad. El padre de los menores y sospechoso del crimen guarda prisión preventiva.

¿Qué pasa con los niños que pierden a sus padres por la violencia intrafamiliar?

Catherine Chalá, subsecretaria de Derechos Humanos, indicó que se realiza una coordinación interinstitucional para identificarlos y brindarles ayuda.

“Debemos dar una mirada integral para acompañar a las víctimas desde todos los frentes: salud física y mental, educación, cuidado, entre otros”.

El último recurso es que vayan a una institución de acogida, esa es una opción cuando los niños no tienen otro familiar.

Unos 600 niños y jóvenes quedaron huérfanos desde el 1 de enero de 2014 hasta febrero de 2019, según cifras otorgadas el año pasado por organizaciones sociales, entre estas la Fundación Aldea y Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador.

De agosto a diciembre del año anterior el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) registró a 106 niños  (de cero a 12 años) y 27 adolescentes como huérfanos de femicidios. En lo que va de 2020 hay tres.

Patricia Salazar, subsecretaria de Protección Especial del MIES, explicó que el trabajo se realiza a base del Decreto Ejecutivo 696, emitido el 8 de marzo de 2019 por el presidente Lenín Moreno.

“Este dispone la entrega del bono de orfandad y precisa condiciones: que exista una sentencia ejecutoriada, que el niño esté en el Registro Social y viva en pobreza o pobreza extrema”.

La funcionaria precisó que a la fecha, 33 niños huérfanos  por violencia (correspondientes a 20 familias) reciben el bono.

Salazar explica que el ministro del MIES, Iván Granda, presentó un proyecto de reforma al Decreto Ejecutivo.

“El fin es que se haga una entrega más amplia. Además para no esperar que haya una sentencia, sino una denuncia  o el archivo del proceso porque se suicida el autor del femicidio”.

Salazar manifestó que este año se implementa una modalidad para que un equipo técnico multidisciplinario (psicólogo, trabajador social y promotor familiar) apoye a las familias.

Miriam Ruiz perdió a su hermana Amada cuando un hombre violento le echó combustible para quemarla en el cantón Nobol, Guayas.

El hijo de la víctima tenía 11 años cuando ocurrió el femicidio, en 2018. Este domingo cumplió 15 años.

El adolescente, aquel día, acompañaba a su madre en el carro del hombre que había sido su pareja y este le dijo que se bajara a comprar un helado en la gasolinera.

En el lugar, lo dejó botado y se llevó a su progenitora a un lugar oscuro y desolado.

Miriam ahora es la cuidadora de su sobrino, pero también ha hecho de psicóloga, pues asegura que nunca recibió ayuda, ni tiene dinero para llevarlo a terapias.

Annabelle Arévalo, psicóloga clínica y gestora de servicios integrales de violencia basada en género del Centro de Promoción de la Mujer (Cepam), indicó que las intenciones políticas están, pero aún falta para cubrir lo realmente necesario para ayudar a los huérfanos.

“Necesitan atención profesional inmediatamente después del duelo. Hay que ponerse en los zapatos de ellos, es difícil entender algo ilógico como que el padre o alguien que dijo amar a su madre le quite la vida”.

Explicó que la violencia en todas sus manifestaciones deja huellas tan profundas que solo se pueden minimizar, pero no borrar.

“Para que crezca con el mínimo de consecuencias son muchos los elementos que convergen. La estructura de la personalidad que va formando, el contexto familiar, social, la justicia, la educación, etc”. (I)