La primera vez que Marcelo Enrique Alulema Chaluiza pisó una cárcel tenía 30 años. Ya no recuerda cuántas veces lo hirieron con armas blancas o de fuego, perdió la cuenta de las veces que su vida corrió peligro, pero no se arrepiente de los 27 veranos e inviernos que ha pasado al servicio de la seguridad penitenciaria.

El quiteño que hoy tiene 56 años conoce todos los Centros de Rehabilitación Social (CRS) de Ecuador y estuvo rodeado de los delincuentes más peligrosos, pero asegura que no cambiaría su profesión.

Hace tiempo, no rememora exactamente cuánto, se encontraba en el penal García Moreno en Quito y hubo una revuelta de presos que querían fugarse. Hubo disparos dentro y fuera del recinto penitenciario donde se reunían los cómplices de los internos. “Esa ha sido la experiencia más dura que viví, pues un compañero que tenía 22 años de servicio perdió la vida. El conflicto duró una hora, recuerdo que empezó a las 18:00”.

Marcelo ya no está afuera de las celdas, desde hace 15 años pertenece al Grupo Especial Alpha, un equipo de reacción en emergencias en las cárceles que además colabora en diligencias operativas, administrativas, traslados de personas privadas de la libertad, entre otras. Además ha dado clases a los aspirantes a guías de seguridad que cursan una tecnicatura en el Centro de Formación Penitenciaria, ubicado en la parroquia Tres Cerritos, en el cantón Pasaje, en la provincia de El Oro.

El hombre tiene dos hijos que “ya están fuera de mi responsabilidad, porque son adultos. Ellos y mi esposa saben que cada día es un riesgo y hay que agradecer por la vida”.

Agrega que su permanencia en los Centros de Rehabilitación Social le ha permitido evidenciar los cambios en el sistema, en la infraestructura y en el modelo de rehabilitación. Considera que antes no solo los privados de la libertad corrían riesgos y eran violentados en sus derechos, sino que ellos también sufrían las consecuencias del abandono, ya que pasaban la mayor parte en lugares insalubres, inseguros y hacinados.

Marcelo, la semana anterior, recibió por primera vez, en sus casi tres décadas de servicio, una medalla de honor por parte del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. “Es una emoción increíble, porque pensaba que mi trabajo nunca iba a ser reconocido. Mi hija se puso muy contenta y me dijo que siempre ha estado orgullosa de que yo sea su padre”.

Él fue uno de los 28 agentes condecorados esa tarde. Todos tienen más de dos décadas de labores en las cárceles. Adicionalmente recibieron la certificación por competencias laborales en el perfil de seguridad penitenciaria, emitida por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional (Setec).

Los 322 aspirantes a Agentes de Seguridad Penitenciaria, que están prontos a culminar sus estudios, también obtuvieron la certificación, pero en el perfil de apoyo en seguridad penitenciaria. En el caso de ambos documentos, la vigencia es de cinco años.

“Es una motivación personal, pero también genera mayores oportunidades de empleo, posibilita que se les suba el salario e incrementa la productividad dentro del trabajo”, señaló Mónica Espinoza, representante de la entidad.

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, indicó que la certificación es indispensable porque los actuales guías no tuvieron una formación como la que reciben los nuevos aspirantes. “Es un reconocimiento a su experiencia. Antes no había capacitación y eran escogidos a dedo. La idea es entrenarlos bien para que tengan estabilidad laboral y que escalen en la carrera penitenciaria”. (I)