Andrea Patiño, jueza de Garantías Penales de Durán, dictó prisión preventiva contra Alexandra A., exalcaldesa del cantón. En audiencia de formulación de cargos, instalada este lunes 14 de octubre de 2019, ella fue procesada por su presunta participación en el delito de asociación ilícita.

El caso se inició el 10 de octubre, luego de la detención de Danny Gabriel M. N., exempleado municipal, por supuesta paralización de un servicio público en la vía de acceso al Puente de la Unidad Nacional.

Durante la audiencia de Flagrancia, el fiscal César Suárez Pilay explicó que el ciudadano presuntamente mantuvo conversaciones telefónicas y mensajes de texto con Alexandra A.

A través de estos chats, se presume, dispuso a Gabriel M. N. los planes de protestas callejeras, indicó.

El 13 de octubre la Fiscalía ejecutó cuatro allanamientos en la ciudadela Abel Gilbert Pontón, entre ellos, a la vivienda de la exalcaldesa, donde incautaron celulares y dispositivos electrónicos.

La detención de la exfuncionaria no es aislada. En menos de dos semanas la Fiscalía cumplió múltiples diligencias relacionadas a los hechos suscitados durante el paro nacional.

Hasta este lunes 14 de octubre, 309 personas estaban procesadas por diferentes delitos cometidos durante las violentas protestas.

La Fiscalía informó que en Guayas se iniciaron 114 procesos y en Pichincha 67 por delitos de paralización de servicio público, daño a bien ajeno, entre otros delitos vigentes en el Código Orgánico Integral Penal.

De acuerdo con los delitos se dictaron medidas como prisión preventiva, prohibición de salida del país y presentación periódica ante alguna autoridad judicial.

Detención de Prefecta

También se registró la madrugada de ayer el arresto de la prefecta de Pichincha, Paola P., así como de su asesor Christian G.; y de Pablo D., colaborador del exasambleísta Virgilio Hernández.

La detención se ejecutó en un allanamiento en su vivienda, en el sur de Quito.

El Ministerio Público informó que en el lugar “se levantaron indicios, como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación”.

Paola P. llegó hasta la Unidad de Flagrancia para una valoración médica, toma de las huellas dactilares y la elaboración del parte policial.

En los exteriores se congregaron simpatizantes, así como el asambleísta Franklin Samaniego; los exlegisladores Pedro de la Cruz y Ramiro Aguilar; además de Ramiro Rivadeneira, exdefensor del Pueblo.

Hasta el cierre de esta edición, aún no se instalaba la audiencia de formulación de cargos en la Corte Provincial.

El viceprefecto Alexandro Tonello señaló que la detención de Paola P. era “una arbitrariedad”.  “¿Cómo se puede confiar en el estado de derecho, si la primera autoridad de la provincia es detenida sin cargos ni pruebas?”, expresó.

Tras exasambleísta

Desde el domingo 13 de octubre se mencionaba a Hernández como presunto responsable de la incitación a la violencia. Por ello la Fiscalía realizó un allanamiento a su domicilio.

La Fiscalía General del Estado indicó que el militante de Revolución Ciudadana no estaba en su casa. No obstante, se levantaron indicios como dinero en efectivo y tarjetas de crédito.

Esto se suma a otro caso que se inició el 9 de octubre de 2019 cuando el juez David Jacho dictó prisión preventiva contra Yofre P., prefecto de Sucumbíos, y siete personas más, por presunta participación en el delito de paralización de servicio público.

Ellos ingresaron a la empresa Petroecuador, en Sucumbíos, y detuvieron los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). (I)