Una lucha implacable contra la corrupción fue uno de los compromisos que asumió hace tres años el presidente de la República, Lenín Moreno, al asumir el mando presidencial.

“Combatiremos la corrupción: la de ahora y la de ayer, y la que podría venir. La de adentro y la de afuera”, precisó en medio de aplausos y para ello dijo que practicará una cirugía mayor.

Al iniciar su último año de mandato ratificó esta decisión, pues en los dos últimos meses se incrementaron las denuncias, sobre todo por presuntas irregularidades en contratos para la adquisición de bienes, medicinas e insumos médicos para enfrentar al covid-19.

Son alrededor de 140 los procesos de investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado (FGE), algunas en etapa de indagación previa y otras ya en instrucción fiscal, básicamente por los delitos de peculado, asociación ilícita y tráfico de influencias.

A estas se suman las aproximadamente 1.500 denuncias que ha presentado el actual régimen a la FGE, sobre hechos de corrupción cometidos en el gobierno anterior, que han causado conmoción y perjuicio al país.

Además, 489 informes con indicios de responsabilidad penal que envió la Contraloría General (CGE) a la Fiscalía, entre 2018 y 2019, y que involucran a exfuncionarios gubernamentales: el expresidente Rafael Correa y los exvicepresidentes Jorge Glas y María Alejandra Vicuña, sentenciados; 17 exaltos funcionarios que salieron del país huyendo de la justicia; y, otros 22 que guardan prisión o cumplen medidas sustitutivas.

Christian Cruz Larrea, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), precisó que este organismo ha denunciado ante la Fiscalía nueve casos emblemáticos, todos de la década pasada.

Estos son Escuelas del Milenio, Deuda Pública, Manduriacu, Toachi Pilatón, Refinería de Esmeraldas, Reconstrucción Manabí, Poliducto Pascuales-Cuenca, Refinería del Pacífico y Hospitales Públicos.

En estos casos, el CPCCS calculó un perjuicio al Estado de alrededor de $ 7 millones.

“Pero también de casos actuales. Determinamos indicios de responsabilidad penal por presunto peculado en tres contrataciones que el hospital del Guasmo Sur, (en Guayaquil) ejecutó en compras de fundas de cadáveres, existiendo hasta el 551% de sobreprecio”.

Otras acciones contra la corrupción

En 2018, en consulta popular impulsada por el Gobierno, los ecuatorianos dijeron que sí a las siete preguntas planteadas.  

La primera trató la suspensión de por vida de los derechos políticos para servidores públicos declarados culpables de corrupción.

También la ciudadanía aprobó el cese del CPCCS y dio paso a uno transitorio que evaluara y cambiara a las autoridades de los organismos de control.

En julio del mismo año, el presidente envió reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el objetivo de identificar, recuperar, repatriar y extinguir el dominio de los bienes de origen ilícito. Sin embargo, la Asamblea no aprobó las reformas penales que modificaban la figura de incautación.

Por ello, hoy en el Legislativo se impulsa la Ley de Extinción de Dominio, para poder recuperar el dinero robado que se encuentra dentro y fuera del país.      

El 6 de febrero de 2019, el presidente Moreno emitió el Decreto 665 para crear la Secretaría Anticorrupción. Esta, durante el 2019, procesó 88 investigaciones, de las cuales 12 están en conocimiento de la Fiscalía y tres judicializadas. Esta semana, por la crisis sanitaria, esta entidad fue eliminada.

Crisis durante la emergencia

A la fecha, la Contraloría General realiza 119 acciones de control a procesos de compras públicas realizadas durante la emergencia por covid-19; de estas 79 corresponden al sistema de salud pública.

Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, al conocer los casos de corrupción solicitó auditar las adquisiciones en hospitales públicos para transparentar la gestión y determinar responsabilidades.

Jorge Wated, quien hace menos de un mes fue designado presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), también anunció que solicitó a la Contraloría que se auditen 584 contratos.

El contralor Pablo Celi afirmó que los requerimientos solicitados por Wated son canalizados y que muchos de ellos ya son parte de acciones de control.

María Paula Romo, ministra de Gobierno, anunció la creación de un sistema único de compras para el sistema de salud, a fin de conseguir mejores precios, evitar irregularidades y contar con un sistema para almacenar y distribuir los insumos para que no exista desabastecimiento en ningún punto.

Al igual que el presidente Moreno, Romo ratificó mano dura a la corrupción y la aplicación del peso de la ley “sea quien sea”.  (I)

La independencia de la Función Judicial fue muy cuestionada durante el anterior Gobierno, pero ¿qué ha pasado en la administración de Lenín Moreno?

El abogado Julio César Cueva expresa que desde el inicio del nuevo mandato se produjo un avance, ya que, por ejemplo, no se transmiten cadenas nacionales para coartar una resolución.

“Eso es lo que se espera y aspira, que los jueces tengan plena libertad para tomar decisiones en beneficio de la sociedad, sin ningún tipo de persecución.Además, actualmente se nota que ya no se usa el ‘error inexcusable’ para perseguir a jueces y fiscales por fallos que no le favorece al Gobierno”.

Para él es necesario tomar en cuenta también a la Corte Constitucional, pues si bien es cierto no integra la Función Judicial, es parte importante de la justicia.

“A raíz de la elección de la nueva Corte se ha visto independencia de poderes. Existen sentencias favorables al Estado y otras que no lo han sido”, señala.

El plan estratégico del Consejo de la Judicatura prioriza cuatro ejes de acción para fortalecer el sistema de justicia en el país.

Entre estos están la lucha contra la corrupción y la independencia judicial. María del Carmen Maldonado anunció que en un año fueron destituidos 77 funcionarios: 34 jueces, 11 fiscales, 5 defensores públicos, un notario y 26 servidores administrativos.

“Este CJ no ha utilizado el error inexcusable sino exclusivamente previa la declaración de un juez, como debe ser en un Estado de derecho”. (I)