El Consejo de la Judicatura aprobó una resolución con el objetivo de iniciar un proceso de evaluación a los jueces a nivel nacional en lo relativo a la oportunidad y celeridad de justicia en el despacho de procesos, lo cual es parte de la misión integral de la transformación de la justicia.

El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, señaló que dentro de esta visión integral es importante aplicar la evaluación del desempeño, “de tal manera que alcancemos las mejores prácticas y mayor celeridad en el despacho de la justicia junto al tema de calidad, que también busca esta evaluación”.

El funcionario señaló que este diagnóstico no es parte del sistema disciplinario, ya que no buscan una sanción, “sino la identificación de las mejores prácticas dentro del sistema de justicia”, así como “identificar necesidades que el sistema requiere para seguir aumentando su efectividad y productividad.

Desde esta perspectiva se han establecido los parámetros de evaluación en relación a la tasa de resolución anual”. Esto significa, dijo, la relación entre el número de casos resueltos por el juez en el período de un  año versus el número de causas ingresadas y pendientes. El periodo a considerar es de octubre de 2013 a octubre de 2014, fecha en que se conocerán los resultados.

Quienes estén entre 85 y 100% en la tasa de resoluciones obtendrán una nota satisfactoria; entre 70 y 84% buena; de 60 a 69 regular, y los jueces que tengan una tasa de menos del 60% recibirán una calificación deficiente. (LEA LA EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL)

La Ley Orgánica de la Función Judicial establece la obligatoriedad de la evaluación. Si alguien no pasa tiene una segunda oportunidad para alcanzar los niveles aceptables para permanecer en la carrera. Si en la segunda oportunidad no supera el 60% tendrá que ser removido del cargo, lo cual no constituye una sanción disciplinaria.

Esta es una valoración objetiva que tiene que ver con celeridad y oportunidad de la justicia sobre elementos más cuantitativos, por lo que Jalkh explicó que para inicios del 2015 habrá otra evaluación enfocada en la calidad: “no se trata simplemente de despachar más, sino de que las resoluciones sean efectivas”.

En esta segunda fase de evaluación se desarrollarán parámetros objetivos de valoración de esa calidad, por ejemplo, se revisará el porcentaje de resoluciones revocadas por jueces de una instancia superior; no se trata de una o varias, sino de un porcentaje elevado, es decir cuando más de un 60% de las causas es anulada por el juez superior, indicó.

Jalkh aseguró que este es un tema específico, justamente para no incidir en la independencia interna que debe tener cada juez.

Opinión de jueces

Natalia Larriva, jueza del Distrito de lo Contencioso Administrativo en la provincia del Azuay, cree que es  positivo y necesario que se mantengan las evaluaciones periódicas a los jueces, pero deberían apegarse a la realidad de cada juzgado.

“No se debería obligar a una cantidad de resoluciones sino a la calidad, que es muy distinto. No creo que vaya por el número de fallos porque depende incluso de la especialidad; cada uno tiene sus complejidades, especialmente en administrativo que son juicios que tienen hasta 30 cuerpos”.

El juez Noveno de la Familia de Pichincha, Roger Cusme, coincide en apoyar la evaluación: “está muy  bien porque nosotros nos debemos al servicio de la ciudadanía y la administración de justicia, además ayudará al tema de la celeridad procesal porque tradicionalmente lo que ha ocurrido es que las causas quedan allí sin resolverse”.