El Departamento de Asuntos Internos del Distrito Metropolitano de Policía de  Guayaquil investiga la conducta de un agente que,  la madrugada del jueves anterior, habría  agredido verbalmente y realizado disparos  a dos guardias de seguridad en la cooperativa San Francisco, al norte de Guayaquil.

Al margen de la decisión del juez de Garantías Penales del Guayas, Arturo Lara, quien ordenó la detención del uniformado por el presunto delito contra la vida, la Policía  deberá establecer cómo y en qué circunstancias se dio la tenencia de una pistola marca Glock 9 mm, con serie  y una carabina marca Ruger.

Según informó Patricio Pazmiño, jefe del Distrito Metropolitano de Guayaquil,  el policía nacional Edwin Segundo Verdezoto Tipán se encontraba de servicio en el rastrillo de la Unidad de Vigilancia Pascuales, cuando a las 00:30 del jueves, en un acto que se suma a la investigación, ha llegado al citado lugar a bordo del vehículo marca Chevrolet Aveo, color vino, de placas GSA-7659, y una vez estacionado frente al bloque 6 villa 58 protagonizó una pelea con los guardias de seguridad.

Tras lo sucedido, los guardias de seguridad dieron aviso a la Policía de esa jurisdicción, quienes montaron un operativo de localización del automotor, procediendo al poco tiempo a la ubicación, detención y traslado del agente a la Policía Judicial del Guayas (PJ-G), donde fue puesto a órdenes del Fiscal y el Juez de Flagrancia, que al final determinaron la detención.

“El proceso de mala conducta implica un periodo de investigación que cumple el debido proceso en 60 días, una vez que es notificado el personal; en este caso, el Tribunal de Disciplina  está comandado por el Comandante Provincial y 3 oficiales en el grado de teniente coronel más antiguos y el suboficial mayor más antiguo”, explicó Manuel Nieto, jefe del IV Distrito de la Policía.

Además, comentó que el Tribunal deberá analizar las pruebas y de ser el caso, cuando pasen los 60 días de investigación, nuevamente reunirse, y si ratifican la mala conducta, ahí sí puede ser dado de baja.

Con este reciente caso, los elementos que podrían ser dados de baja en la institución policial sumarían más de 200. No obstante, el jueves anterior el comandante de Estado Mayor Wilson Alulema declaró que  ha sido dado de baja un número similar, algunos de ellos  por comprobarse que poseían vínculos con bandas delictivas.

Sin embargo, debido a los recursos de amparo constitucional, los  jueces han ordenado el reintegro  de estos miembros a la institución.

Ramiro Mantilla, ex jefe  del Distrito Metropolitano de Policía, fustigó contra los administradores de justicia e indicó que son ellos quienes reintegran a los gendarmes corruptos. “La Policía saca a todos los elementos malos, pero (estos) van ante cualquier juez, ponen un recurso de protección y el juez ordena que se los reintegre, so pena de que quien no cumple la disposición del juez pueda ser destituido...”.

Mantilla dijo que tienen información no comprobada de “que pagan a determinados malos funcionarios y logran que el recurso sea favorable y determina que inmediatamente sean reingresados a la institución y asignados a un cargo”.
“Eso genera un ambiente de indisciplina dentro de la Policía, porque ellos saben que su problema se soluciona con poner un recurso de protección y así podrán regresar a la institución.

Eso no solo ha ocurrido ahora, sino desde hace tres años”, señaló Alulema en su intervención el jueves anterior durante el relevo de mando de la Policía en Quito.

Según el oficial, muchos de estos casos fueron denunciados al interior del Consejo de la Judicatura, sin que se haya realizado los correctivos pertinentes.

En esa línea manifestó que espera que funcionen las nuevas reformas que se están haciendo para que no se haga daño a la seguridad del país.