“Chicos, por ahí han creado un face con mis fotos...  ¡Cuidado!, están haciendo daño con eso... Bueno, ahí les aviso... no acepten invitaciones con mi nombre porque tengo un solo face, que es este”. Mensajes  similares, en los que se alerta sobre la suplantación de identidad con fines de difamación, se pueden encontrar comúnmente en diversas  cuentas de usuarios que existen en las redes sociales del país.

En la alerta anterior, Verónica Calle, de 26 años, era quien informaba a sus contactos sobre la suplantación de la que fue víctima. Ella cuenta que se sorprendió con la novedad cuando un amigo le comentó que su foto la había visto, por casualidad, en el perfil de una cuenta que no correspondía a su nombre. Lamentablemente, pese a buscarla en varias ocasiones, no la pudo encontrar entre las opciones de Facebook.

Alguien que sí logró constatar la apropiación ilícita de su identidad es Carlos Párraga. “Un hacker ingresó a mi cuenta solo para difamarme con mis amigos”, narra. “Lo primero que hizo fue colgar en mi muro una foto con otro tipo (hecha con montaje) para hacer creer a mis contactos que era homosexual, e incluso fingió una conversación en la que yo aceptaba la supuesta inclinación”.

Párraga, quien asegura no haber entregado su contraseña a nadie, atribuye desde luego esta acción a hackers que se  dedican a desprestigiar la imagen de las personas en las redes, muchas veces atendiendo a pedidos de conocidos que guardan algún resentimiento con el afectado en cuestión.

Esto lo sustenta al revelar que en su caso pudo conocer que el impostor que usaba su cuenta lo hacía para supuestamente darle una lección. “Una amiga que se encontraba conectada justo a la hora en que colgaban en mi muro algunas groserías le preguntó al hacker por qué intentaba hacerme daño”, relata. “La respuesta fue porque yo era un hipócrita, doble cara, mentiroso y cosas así... según ellos, lo hacen para que cambies tu forma de ser”, señala Párraga.

Difamaciones similares han sido dirigidas, incluso, en contra de la comisaria Tercera de Policía del Guayas, Jackeline Hurtado. Los anónimos crearon una página en Facebook para desprestigiar su imagen. Ella relata que en el transcurso de la próxima semana acudirá a la Fiscalía para presentar la correspondiente denuncia con el fin de identificar a los responsables.           

En otros países, estas acciones han sido penalizadas por considerarlas un atentado contra la imagen de las personas. Un caso fue el de Grant Raphael, un hombre de negocios británico que fue condenado por el Alto Tribunal de Londres a indemnizar con 17.000 libras esterlinas (33.925 dólares) a Mathew Firsht, por publicar en Facebook un falso perfil con fines difamatorios. Raphael aseguraba  en ese falso perfil que Firsht era homosexual y lo incluyó en grupos como “Judíos Gays en Londres”.

En Ecuador, en cambio, casos de este tipo no siempre llegan a ser judicializados, a pesar de que estos actos pueden ser penalizados como cualquier otra infracción. En la Fiscalía del Guayas se conoció -según un funcionario que prefirió mantener su nombre en reserva- que no se denuncian estos hechos. La parte legal la asume el ámbito de injurias, porque se trata de mensajes de datos que -de acuerdo con la Ley de Comercio Electrónico y el Código Penal actual- tienen validez jurídica.

La primera normativa hace referencia a la falsificación de datos en las redes: “Son reos de falsificación electrónica quienes con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la información incluida en estos, que se encuentre contenida en cualquier soporte material, sistema de información o telemático...”.

Mientras que el Código Penal establece, en su artículo 495, que quien incurriere en la falsedad será reprimido con prisión de 3 a 6 meses y multa de 6 a 12 dólares. Estas sanciones se fijarán cuando las imputaciones fueran hechas por medio de escritos, impresos o no; imágenes o emblemas fijados, distribuidos, vendidos o expuestos a las miradas del público.

“Todos estos mensajes que atentan contra la dignidad de las personas pueden ser denunciados”, señala el abogado Kléber García Torres, con 30 años de experiencia en el ámbito penal. “Se trata de injurias calificadas en el Código Penal como graves no calumniosas, porque van en contra de la imagen del afectado e incluso de sus familiares”, señala.

La ley explica que la injuria grave no calumniosa consiste en toda expresión proferida en descrédito, deshonra o menosprecio. Santiago Acurio, profesor en Derecho Informático de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, indica que lo primero que interesa saber para iniciar la demanda es el sitio -geográficamente hablando- de donde se subió esa información.

Esto es posible, dice, porque cada enlace tiene un número IP que está vinculado a un proveedor de servicios y el mismo a un país en particular. “Con eso se puede iniciar una investigación”, resalta. 

Enrique Peláez, director del Centro de Tecnologías de Información (CTI) de la Espol, asegura que los administradores de las cuentas (como Facebook y Twitter) tienen la potestad de rastrear el sitio desde donde se realizan las diversas anomalías. “Cualquier persona puede solicitar como usuario esa información. También pueden sugerir que desbloqueen o permitan cambiar la clave de la cuenta”, expresa.

Informa que en las mismas páginas hay enlaces a los que se puede escribir para dar a conocer el caso. Peláez acota que los técnicos en sistemas tienen la capacidad de identificar de qué dirección de Internet proviene la suplantación.

Recomienda a los usuarios tener cuidado sobre la información que proporcionan en la red, ya que se puede convertir en “un arma de doble filo”. “Esta situación se ha vuelto muy común por falta de cuidado de las personas”, manifiesta.