Las audiencias de flagrancia para tratar delitos y contravenciones en materia de tránsito  se instalan,  en el Distrito Metropolitano de Quito, con un nuevo sistema de trabajo.

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ), Fiscalía, Policía Nacional  y Defensoría Pública, son las entidades que impulsan este   proceso     destinado a agilizar los casos de delitos flagrantes que prohíbe,  sin que se le formule un juicio, que una persona esté detenida    más de 24 horas.

El nuevo sistema establece  que en caso de tratarse de una contravención, el parte  policial  será realizado en los juzgados de Tránsito con la asistencia de un servidor judicial, y en caso de que sea un delito será   puesto en  conocimiento del fiscal  y se procederá inmediatamente con la audiencia oral.

Un juicio de tránsito con el nuevo proceso puede concluir -con una sentencia- en seis meses. Antes, la instrucción fiscal demoraba 45 días (ahora  disminuyó a 30). Así el fiscal puede pedir  la fecha para la  audiencia  y si el dictamen   es acusatorio inmediatamente se la dan.

Jorge Duarte, juez de Tránsito, explicó  que para el desarrollo del nuevo proceso  se   capacitó a cerca  de 1.600 policías en temas relacionados con  delitos y contravenciones.

Dijo que en cada judicatura  hay una oficina en la que se realiza el examen denominado “alcochec”, sin embargo si la persona se niega a esta prueba se puede aplicar la  sicosomática, que consiste en una revisión de pupilas, equilibrio   y conversación. Cuando una persona tiene de  0,3 a 0,8 mililitros de alcohol    en la sangre, la sanción es de cinco  días de detención, y cuando sobrepasa esas cantidades, pasará 15 días privado de su libertad.

Son 17 los jueces de Tránsito encargados de las audiencias de flagrancia  y, de acuerdo al  informe de la primera semana, en Quito,   se reportaron 80 infracciones:  38 delitos y  42 contravenciones, de los cuales la defensoría pública actúo  en 30 casos  y en  50 participaron abogados particulares. Mientras que durante la segunda semana hubo 69 infracciones:  que corresponden a 30 delitos y 39 contravenciones (las 149 son audiencias de flagrancia).

Duarte confirmó que antes no se daban estas diligencias, ya que si una personas era detenida, por ejemplo, y si era viernes  debía esperar hasta el lunes para que las autoridades atendieran el caso.     

Doubosky Delos Márquez,  director Provincial de Pichincha del CJ, explicó que las contravenciones graves, en las cuales se detienen al conductor de un vehículo, son aquellas que tienen relación con   conducir  sin licencia,  cuando hay heridos, tener aliento con olor a licor o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas  y cuando   realizan  competencias ilegales conocidas “piques”, en las que la detención es de tres días.

Mientras que las  leves, que  acarrean multas, mas no detenciones,  están relacionadas con   el exceso de velocidad, no llevar el cinturón de seguridad  o hablar por teléfono, siempre y cuando no haya ningún tipo de agresión o falta de respeto a un agente de la autoridad. 

En lo que respecta a delitos, estos se  producen  cuando  en un accidente de tránsito hay personas con incapacidad médica por más de 15 días, cuando los daños materiales sobrepasan  dos salarios mínimos  y cuando  existen personas fallecidas. En estos casos la sentencia puede ir de 3 a  5 años.

No obstante, si se comprobara el   estado de embriaguez la pena irá  de 8 a 12 años  de prisión.

Juan Ruales, director nacional de Tránsito, manifestó que este año  la institución del orden  realizará controles y sanciones más severas.

Dijo que todos los policías urbanos se integrarán  a esta labor. 

Ruales indicó   que hay un irrespeto total a la  ley, en especial   con el   uso del celular en el momento de conducir  y   no utilizar  el cinturón de seguridad. Además, indicó que el 90% de los accidentes ocurre por negligencias  del conductor.