Gladys iba en un taxi junto a su exconviviente cuando este la atacó con un cuchillo provocándole la muerte. De acuerdo con la denuncia presentada por los familiares de la víctima, el procesado agredió a su expareja porque esta se negó a acompañarle.

Durante la audiencia de formulación de cargos se determinó que las huellas dactilares en el arma blanca y que las manchas de sangre en el interior del vehículo y en la ropa corresponderían a su expareja. El sospechoso fue detenido y ahora enfrenta cargos por femicidio.

Este caso ocurrido en septiembre pasado en la provincia del Guayas es uno de los 17 que constan en la base de datos de la Fiscalía General del Estado. El femicidio se encuentra tipificado como un delito de género desde el 10 de agosto de 2014, cuando entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP). Allí se establece que el resultado de cualquier tipo de violencia donde se dé muerte a una mujer por el hecho de serlo tendrá una pena privativa de 22 a 26 años.

Para Nidia Pesántez, especialista del Programa Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres), las cifras de casos de femicidio reportados hasta ahora no muestran toda la realidad porque solo en 2013 se denunciaron 300 casos de muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas o exparejas.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, Carmen Moreno, define al femicidio como el ‘principal problema para las mujeres en América Latina’. Según ella, a pesar de los avances en el acceso a educación o salud, la mujer sigue siendo violentada en la región y es muy difícil cuantificar la violencia, no solo porque ellas callan sino también porque las autoridades se resisten a llamar los homicidios a mujeres como femicidios.

Hasta ahora 11 países de la región han tipificado el femicidio o feminicidio en sus legislaciones: Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Ecuador, mientras que tres han construido una agravación para el homicidio: Argentina, Colombia y Venezuela.

El último informe anual del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) advirtió sobre la falta de políticas públicas e instituciones capaces de asegurar su efectiva aplicación en los países y agrega que las normas se concentran en el castigo de los agresores, sin atender los distintos factores que inciden en la violencia contra las mujeres, entre ellos, la desigual distribución del trabajo, en especial del doméstico no remunerado.

Aunque el documento alerta sobre “la ausencia, heterogeneidad y dispersión de las estadísticas sobre violencia en la región”, algunas cifras muestran que 60 de cada 100 mujeres en Ecuador han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja u otra persona. Esta violencia ocurre con mayor frecuencia entre quienes han tenido pareja (casadas, unidas, separadas, divorciadas o viudas) y representa un 48,7%.

La sicóloga Anabel Arévalo, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), expresó que en nuestra cultura “los hombres han abusado del rol de ser jefes del hogar hasta el punto de desvalorizar a la mujer, discriminarla, desautorizarla ante los hijos y violentarla”.

Beatriz Bordes, presidenta de la Fundación María Guare, dedicada a dar apoyo a las mujeres que han sido víctimas de maltrato, sostiene que los casos de agresiones femeninas no deben quedar en la impunidad, de tal manera que se diga: “aquí está el responsable, está sancionado y juzgado”. Para ella, “ese es el ejemplo que van a recibir otros hombres y es el incentivo para que las mujeres denuncien los casos y no se queden calladas ante las amenazas que reciben”.