El Consejo de la Judicatura implementará un sistema de protección para garantizar la integridad de los jueces y fiscales, especialmente en la lucha contra el crimen organizado.

El anuncio del proyecto lo realizó la semana pasada el presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, quien adelantó que estas medidas incluirán nuevas normas de seguridad durante el desarrollo de las audiencias, así como en las unidades judiciales del país.

Para el efecto la Judicatura contrató a una empresa de seguridad para reforzar la vigilancia en la Unidad de Flagrancia de Quito, donde los guardias privados apoyan el trabajo de la Policía que sigue coordinando el acceso al edificio, así como la seguridad de los funcionarios judiciales.

La fiscal contra el Crimen Organizado de Pichincha, Thania Moreno, señaló que tanto jueces como fiscales que sustancian casos de criminales peligrosos corren el riesgo de sufrir amenazas y atentados, ya que este tipo de delincuencia tiene recursos económicos y humanos. “Personalmente he recibido advertencias vía internet, incluso han dejado sobres anónimos con notas amenazadoras”.

Por este motivo, opinó que el plan de protección es importante para desempeñar el trabajo de lucha contra las mafias con el respaldo de un sistema de seguridad efectivo para los operadores judiciales.

El Consejo de la Judicatura tiene previsto que la identidad de magistrados y fiscales en casos de crimen organizado o narcotráfico se mantenga en reserva, durante la realización del proceso, para evitar que los delincuentes puedan rastrear a los jueces y atentar contra su integridad o de sus familiares.

“Al aceptar este trabajo es parte del riesgo, pero el apoyo del Estado en este tema de la seguridad y protección me da más tranquilidad para desempeñar el cargo de mejor manera”, señaló Moreno, quien tiene protección policial permanente al igual que los otros 4 fiscales que integran la unidad.

Uno de los jueces de la Unidad de Flagrancia de Quito, consultado sobre el tema, señaló que tienen protección únicamente al interior del edificio, pero a nivel externo no ha habido la custodia adecuada, por lo que este plan de seguridad integral de la Judicatura “es muy bueno para que la justicia se maneje mejor y no tenga temor en las actuaciones que realiza”.

El experto en seguridad, Ricardo Camacho, consideró que el tema de la protección de los funcionarios es fundamental en el sistema judicial, ya que esto permitirá que jueces y fiscales tengan tranquilidad en su trabajo. “No tenemos los niveles de violencia de otros países, pero el crimen busca socavar el sistema mediante las amenazas y fomentando el miedo”, dijo.

El plan de seguridad incluye la instalación de detectores, además se restringirá el número de personas en las audiencias, dependiendo de la capacidad de las salas.

El Consejo de la Judicatura buscará coordinar con el Ministerio del Interior y la Policía la seguridad de las instalaciones, especialmente en el traslado de los detenidos a las diligencias judiciales, así como la vigilancia de las evidencias del caso. Además, se adecuará una línea telefónica directa para coordinar la protección policial en horario nocturno.