Tres personas fueron detenidas y procesadas por los delitos de trata de personas, abuso sexual y explotación laboral. Así lo informó la Fiscalía General, como resultados de operativos ejecutados en dos provincias.

Según la información proporcionada, estas personas tenían como centro de operaciones los cantones Guayaquil y Marcelino Maridueña, en Guayas; y, Buena Fe, en Los Ríos.

Ellos habrían operado desde el 2018, captando la atención de mujeres jóvenes con sus hijos, a quienes invitaban a ser parte de este grupo religioso, albergándolas en sus iglesias, ubicadas en Guayaquil (en la cooperativa Assad Bucaram en la parroquia Pascuales) y en Buena Fe (Los Ríos), donde las obligaban a cumplir con trabajos forzados de índole doméstico y explotándolas laboralmente, para después de cierto tiempo –y una vez ganada su confianza– proceder a abusar sexualmente de ellas, en especial de las menores de edad.

En la audiencia de formulación de cargos, en la Unidad Judicial Valdivia, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Fernando Bonoso León, presentó como elementos de convicción los informes investigativos y de seguimiento a los investigados, y los vehículos utilizados por los mismos.

El juez de Garantías Penales, Vicente Guillén, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Evert Dick G. S. y Eucly Magdalena I. C., mientras que para María de Lourdes O. M. dispuso arresto domiciliario.

Además presentó órdenes de detención y allanamientos ejecutados con autorización del juez competente; los informes de reconocimientos y exámenes médicos practicados a las víctimas menores de edad, que demostraron las lesiones de índole sexual causadas; las versiones de las afectadas y las denuncias de sus familias.

El magistrado también emitió boletas de auxilio y medidas de protección a favor de las afectadas, como la prohibición a los procesados de ejercer actos de intimidación por ellos mismo o por medio de terceros en su contra.

La localización de esta banda fue posible tras un trabajo conjunto con la Fiscalía, la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) y la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) de la Policía Nacional.

Denuncias alertaron del hecho
Familiares las víctimas denunciaron el hecho en enero de 2020, por un presunto delito de secuestro. Fue así que la Fiscalía inició un proceso investigativo con la colaboración de la Unase y de la Policía Judicial, determinando –luego de los seguimientos a los principales integrantes de la congregación– que existirían presuntos casos abusos sexual y explotación laboral contra las mujeres.

Según las primeras investigaciones, una de las víctimas habría abortado producto del continuo abuso sexual al que era sometida.

Fiscalía procesó este caso con base en los artículos 91, numeral 2 y 3, y 92, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito trata de personas con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. (I)