La Comisión del Derecho a la Salud aprobó este viernes el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización.

Fueron 10 votos a favor de los asambleístas William Garzón, Richard Farfán, María Alejandra Vicuña, María José Carrión, Blanca Argüello, Verónica Guevara, Bayron Pacheco, Francisco Estarellas, Víctor Medina y María Cristina Kronfle. Y solo una abstención, de Paco Fierro.

El proyecto plasma los objetivos de una moderna institucionalidad que administre temas delicados y de importancia para el interés nacional. Entre ellos la creación de la Secretaría Técnica de Drogas como entidad adscrita a la Presidencia de la República. Esta instancia superior, integraría el Comité Interinstitucional, con participación activa e intersectorial de al menos las entidades del estado en materias de salud, educación, inclusión social, seguridad interna y justicia.

El Comité tendría como facultad primordial la formulación, coordinación y articulación de las políticas públicas relacionadas con el fenómeno socio económico de las drogas y la vigilancia y evaluación de su implementación intersectorial y articulada y del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales de la Secretaría Técnica de Drogas.

En este informe para segundo debate, se fortaleció el tema de la prevención de drogas; se incrementaron las sanciones para el micro y mediano tráfico; se estableció un mayor período de transición de las competencias que actualmente tiene el CONSEP, a la nueva institucionalidad que es la Secretaría Técnica, que son 90 días a partir de la publicación en el Registro Oficial.

El proyecto también incorpora una reforma al artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (Coip), en materia de tráfico y microtráfico estableciendo la sanción que en principio estaba en cantidades mínimas de tráfico de dos a seis meses a una escala de uno a tres años; y en cantidades medianas que estaba de 6 meses a 1 año, pasaría de tres a cinco años. Es decir, hay un incremento en la privación de libertad para temas de narcotráfico, evitando, además, dictar medidas de prisión preventiva.

El proyecto contiene cinco capítulos, seis secciones, 43 artículos, siete disposiciones generales, catorce disposiciones transitorias, dos disposiciones reformatorias, cuatro disposiciones derogatorias y una disposición final. (I)