En Latinoamérica el crimen organizado se manifiesta de diferentes maneras; por tal motivo, los países de la región tratan de identificar realidades comunes para enfrentar este problema adoptando políticas coordinadas que implican reformas legales.

Esta fue la reflexión del Seminario Internacional sobre Seguridad, Delincuencia, Crimen Organizado y Política Pública de Información, realizado por la Flacso Ecuador en Quito, con expertos e investigadores de distintos países.

Las mafias se infiltran de distintas maneras en la sociedad y los estados generalmente no están preparados  para ese embate. “No estamos hablando de delincuencia común, sino de organismos que llegan al país y las evidencias de eso son las avionetas mexicanas que aterrizaron en la Costa supuestamente para el narcotráfico”, dijo Fredy Rivera, investigador de la Flacso Ecuador.

El experto comentó que estas organizaciones funcionan como redes en distintos niveles y corrompen tanto el sector privado como el público, por lo que “sería importante implementar indicadores sobre corrupción en los entes gubernamentales, los cuales no existen”.

En Ecuador la tipología es abierta. El narcotráfico es uno de los principales delitos, ya que genera una economía de escala, pero también existe la trata de personas y de migrantes.

El nuevo COIP del Ecuador tipifica el crimen organizado, en otros países todavía sigue en debate.Sobre el problema de los desaparecidos, asimismo incluido en el crimen organizado, el analista considera que hay un buen avance en la visualización del problema. “No se hacía nada, no constaban en las estadísticas”, mencionó, pero cree que aún hay carencias en el reporte de indicadores.

Este fenómeno es percibido de forma similar  en otros  países de la región, pese  a ser contextos diferentes. En el caso del crimen organizado, pueden ser parecidos tomando en cuenta las manifestaciones delincuenciales que tienden a migrar una vez que se implementan políticas públicas de seguridad.

La colombiana Carolina Duque, experta en estos temas, considera que se debe “empezar a discutir otro tipo de evidencias y superar el estudio  del ‘ascensor’ sobre delitos que suben o bajan”. Colombia tuvo en cuenta la delincuencia común, la organizada, las expresiones urbanas de los grupos al margen de la ley,  las bacrim (bandas criminales), la microextorsión y microtráfico.

Los grupos criminales y carteles tienden a mutar o iniciar pequeños focos delictivos que se vuelven redes, cruzan fronteras y se diversifican con el microtráfico, extorsiones y trata de personas. Pero sobre delincuencia organizada aún no hay resultados claros que permitan medir la eficacia de las políticas para terminarla.

En Perú la realidad del crimen organizado no es clara, ya que, según Enrique Castro, investigador de ese país, recién se aprobó un proyecto en una comisión del Congreso con la intención de adecuar la ley ante la gravedad de los delitos transnacionales como homicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, pornografía infantil, tráfico de drogas, genocidio, desaparición forzada, tortura y lavado de activos.

Pero, asimismo, mencionó que no hay indicadores confiables; por ejemplo, la Policía señaló que existe una tasa de 5 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que el Ministerio Público la situó en 25.

Argentina está enfocada en la lucha contra el narcotráfico. Alejandra Oneti, entendida en la materia, estima que la solución no es más policías. “En mi país hay 305.000 efectivos, sin embargo hay ausencia de políticas estructurales para enfrentar la criminalidad”.

José Rocabado, de Bolivia, dijo que en su nación, a más del narcotráfico, las redes mafiosas esclavizan a personas y las obligan a la mendicidad en Chile o Argentina. “Es un problema no resuelto que necesita de la cooperación internacional”.