Más de 600 menores están asilados en los 11 centros de adolescentes infractores (CAI) que existen en el país. Muchos de ellos están acusados de cometer contravenciones, otros están encerrados por delitos graves, como homicidios.

Por ejemplo, la mañana del lunes 28 de abril, Dolores E., de 60 años, fue asesinada en el sector del Parque Metropolitano de Quito. La mujer recibió fuertes golpes en la cabeza que le provocaron la muerte.  

La Policía detuvo a dos personas para investigaciones: Álex S., un joven de 18 años, que se hallaba cerca del lugar donde la víctima fue encontrada; y un muchacho de 16 años, que fue trasladado al CAI Virgilio Guerrero de la capital.

Una semana después, la tarde del domingo 4 de mayo, los familiares de Rosa C.R., de 83 años, se horrorizaron al encontrar su cuerpo sin vida y con huellas de un ataque. El hecho se cometió en el cantón Girón, provincia del Azuay.  

Inmediatamente se efectuó un operativo entre la Fiscalía de esa provincia y la Policía, que terminó en la detención de Manuel M., un joven de 17 años, por ser el principal sospechoso de este crimen, al presumirse que intentó robarle a la mujer en su vivienda.

En la residencia del imputado se encontró un cuchillo y una herramienta con sangre. La adulta mayor fue agredida de manera violenta con un objeto contundente, por lo que registró golpes en el cuerpo y su cabeza fue cortada con un cuchillo.

El menor, quien al parecer padece de problemas mentales, permanece en el Centro de Internamiento Provisional de Menores de Cuenca, mientras duren los 30 días de instrucción fiscal.  

En ambos hechos se encuentran involucrados menores de edad, que aparentemente manifestaron una conducta  violenta contra personas vulnerables, como los adultos mayores.

Patricia Guerrero, sicóloga general especializada en criminología (ciencia que estudia el perfil del delincuente), explicó que la conducta antisocial de esa naturaleza en un joven se va formando desde el entorno familiar en el que se desarrolla. “En algunas ocasiones recibieron maltrato físico-psicológico por parte de su padres o abuelos; o hubo ausencia de ellos”, explicó.

Aunque el móvil de los casos pudo haber sido el robo, el hecho de infligir daño a personas mayores define una manera de demostrar ante los demás lo que él puede llegar a ser y el deseo de dejar una huella, indicó la profesional. “Si hay golpes salvajes, tiene una connotación de orden patológico, relacionada al aspecto emocional, como la ira o rabia”, expresó.

Cuando son crímenes muy violentos, se debe tomar en consideración la manera en que será juzgado el menor, pues debería ser como un adulto porque ellos saben lo que están haciendo, puntualizó.

De acuerdo con los estudios sicológicos existen tres tipos de delincuentes juveniles: el insolente, que incurre en actos como hurtos en vehículos, comercio y viviendas; el indolente, que ejecuta violación sexual, secuestro, asalto a mano armada con agresión, hasta llegar al homicidio simple; y el incorregible, con muestras de sadismo en sus asesinatos sin mostrar signos de arrepentimiento.

Roger Cusme,  juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, indicó que, sin importar el acto delincuencial, el menor no es juzgado como un adulto, sino que se le impone una medida socioeducativa.

Para Henry del Pozo, jefe de la Dinapen, los casos de Pichincha y Azuay son aislados, pero igual hay que considerarlos, pues los menores son víctimas y no victimarios.