El pasado 9 de abril, Gabriel Murillo Barzola fue detenido y procesado por el delito Contra la Vida en la Unidad de Delitos Flagrantes. El fiscal que llevaba el caso en ese entonces solicitó al juez de flagrancias la orden de prisión preventiva, con el objetivo de asegurar su comparecencia en la etapa de juzgamiento por la muerte de cinco menores a consecuencia de un incendio en una vivienda en la ciudadela La Floresta, en el sur de Guayaquil.

Más de 9 meses han transcurrido y Murillo espera que la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes fije fecha para la audiencia de su juzgamiento, luego de que la Segunda Sala de lo Penal desechara el recurso de nulidad interpuesto por el procesado en octubre pasado.

Lo que significa que Murillo podría ser juzgado en menos de un año, evitando que se cumpla la caducidad de prisión preventiva y pueda recuperar la libertad.

Para constatar que se cumple la celeridad de los procedimientos, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, visitó el miércoles anterior la unidad y anunció la incorporación de 9 jueces y modificaciones en su infraestructura, como la implementación de una sala lúdica para niños, donde los usuarios podrán dejar a sus hijos menores, para evitar que deambulen por los interiores, mientras realizan sus trámites. Francisco Mendoza, director de la unidad, informó que hasta el momento se han emitido tres sentencias mediante procedimiento abreviado, que significa que el presunto autor del delito se declara culpable y acuerda la pena con la Fiscalía.

La unidad, ubicada en las instalaciones del Cuartel Modelo, en horario ininterrumpido atendió 23 casos en los primeros 4 días de este año, predominando las causas por tenencia ilegal de armas.

La Unidad de Flagrancia, integrada por cinco salas de audiencia, fue creada cuando el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) estaba en funciones para resolver las causas en 30 días como plazo promedio y reducir los índices de impunidad. En el sitio laboran 16 jueces y 17 fiscales para audiencias y uno de turno con sus respectivos secretarios y asistentes.

Allí también atienden 11 defensores públicos, 40 policías judiciales y 5 salas de audiencias las 24 horas del día, para que todo delito flagrante sea procesado.

Además, cuenta con médicos legistas, psicólogos, peritos, trabajadores sociales y administrativos, así como un equipo tecnológico adecuado para responder a las necesidades de la comunidad.

Jalkh indicó que en el transcurso del presente año se construirán otras 2 unidades de flagrancia en Guayaquil, por los buenos resultados, ya que se juzga 5 veces más rápido. “Pasamos de 15 sentencias mensuales a 49”, recalcó.

William Aguilar, fiscal coordinador de la unidad, explicó que desde agosto de 2012 los jueces, fiscales y defensores públicos utilizan el Portal Penal, un programa informático que muestra los antecedentes del detenido y de esa manera los judiciales puedan mejorar la aplicación de la prisión preventiva y otras medidas alternativas. Los ciudadanos pueden denunciar en estas oficinas un delito flagrante en un plazo de 24 horas.

Delitos como el asalto y robo a personas, tenencia ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, extorsión, estafa, abuso de confianza, ocultación de cosas robadas, usura (chulco), plagio, son los de mayor incidencia, manifestó el representante de la Fiscalía.