A mediados del año que finaliza se difundió un extenso informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 2013, en el cual se especificaba que la “seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de la población de América Latina. El delito, la violencia y el temor que estos generan son desafíos que comparten todos los países de la región, aunque con distintas intensidades...”.

Cinco años antes de ese informe, Ecuador ya había concebido una política pública sobre la seguridad ciudadana en la Constitución de la República de 2008, que establece en el artículo 393 que: “El Estado garantizará la seguridad ciudadana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”.

Bajo este precepto constitucional, las políticas estratégicas para garantizar una seguridad integral interna y externa en el territorio ecuatoriano empezaron a formalizarse, desde el Gobierno Central junto con los ministerios del Interior y Coordinador de Seguridad que tienen a su cargo estas funciones, en complemento con el sector justicia para cumplir con los desafíos que imponen la realidad delictiva y las exigencias de la población ecuatoriana y foránea que visita el país.

Los policías nacionales y los elementos de las Fuerzas Armadas empezaron a trabajar en conjunto en la lucha  delictiva, en el control en la tenencia de armas de fuego, utilizadas en la mayoría de los crímenes; en trabajos de inteligencia para prevenir los delitos.

La intención era disminuir la criminalidad en el país, porque eso significaba ir creciendo en la seguridad ciudadana, en turismo y credibilidad en las instituciones del Estado. En el año 2012, el Gobierno Nacional había invertido $ 2.135 millones en seguridad, ya que era necesario superar ese panorama de inseguridad que se presentó en  2011, año en que la tasa de homicidios llegó a 15.37 por cada 100.000 habitantes, así como el promedio de robo a personas superó los 2.000,  los atracos a domicilios se ubicaron en 1.241 y cerca de 500 robos en cada rubro de locales comerciales, carros y motos, se registraron en esa época.

Pero al finalizar 2012, la tasa de asesinatos disminuyó a 12.7 casos por cada 100.000 habitantes. En 2011 se reportaron 2.345 casos, mientras que en el año siguiente esta cantidad bajó a 1.884; es decir, 461 crímenes menos. Para el Ministerio Coordinador de Seguridad, esta cifra era la más baja en los últimos 12 años en Ecuador.

La vigencia del Sistema Integrado de Seguridad que empezó a funcionar en 2011 con el ECU-911 de Samborondón, y que ahora cuenta con el 98,5% de cobertura a nivel continental, fortaleció la protección ciudadana, ya que a través de la videovigilancia ha podido salvar cientos de vidas y evacuar miles de emergencias que se presentan a diario en el territorio.

La presencia de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC); la formación de los agentes del orden con la mentalidad de servicio a la comunidad y respeto a los derechos humanos; la depuración en las filas policiales, las ferias y campañas de seguridad en escuelas, colegios y barrios, donde niños, adolescentes y adultos se instruyen en la prevención del delito, ha contribuido en la reducción de los 7 delitos con mayor incidencia en el país, como son homicidios, robos a personas, domicilios, locales comerciales, carros, motos y accesorios de vehículos.

En 2013 la tasa de homicidios fue de 10.8 por cada 100.000 habitantes, en 2014 bajó a 8.0, aunque la meta del Ministerio del Interior era disminuirla a 7.2 casos. El año pasado se registraron 1.582 crímenes; en el que finaliza se reportaron 1.199, es decir 383 casos menos.

Según reportes del Ministerio del Interior, de enero a noviembre de 2013 se reportaron 32.438 robos a personas, delito que bajó un 4% en 2014, ya que se cometieron 31.105. Los atracos a domicilios y locales comerciales también se redujeron, en el primer caso de 18.336 a 16.867, un 8%; y en el segundo, de 4.543 a 4.017, un 12% menos.  

De 2013 a 2014, los robos de carros, motos y accesorios de vehículos bajaron de 6.929 a 6.304, de 5.585 a 5.249 y de 9.429 a 9.279, respectivamente.

Los botones de seguridad instalados en celulares de propietarios de domicilios, en comercios, taxis y transportes urbanos, así como los patrullajes y operativos de requisa en sectores urbanos y carreteras han hecho posible que bajen paulatinamente estos delitos.

Estos logros en cuestión de seguridad han permitido que el 62% de los ecuatorianos califique de positiva la lucha contra el delito, y Ecuador se gane el nombre de ‘país seguro’ de América Latina, lo cual beneficia al sector del turismo.

Para 2015, la prioridad del Gobierno es la protección de su gente, por eso dentro del presupuesto del Estado se dispusieron $ 617 millones para la seguridad integral del país, porque demanda inversión el plan diseñado para cumplir con este objetivo que concluirá en 2017.