Desvincular a la Policía del control y protección del medio ambiente, del patrimonio arqueológico, cultural y turístico, del resguardo de los exteriores de los centros de rehabilitación social y de entidades públicas y privadas, así como   suprimirle competencias en los asuntos migratorios y de tránsito, son algunas de las disposiciones transitorias que contempla el Proyecto de Ley del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana planteado por el Gobierno.

Tras dos años de la revuelta policial y uno desde que fuera presentado a la Asamblea Nacional, el proyecto de ley  aún está a la espera de ser analizado en la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, luego de que fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Así lo informó el asambleísta Gabriel Rivera, quien añadió que el proyecto de ley, que, además, busca cambiar la formación académica de los gendarmes, crear un servicio de investigación de apoyo a la Fiscalía y proteger a los funcionarios públicos, ha sido previamente socializado con los jefes policiales, y se espera hacerlo también con el mando medio y la tropa a nivel nacional.

Indicó que los asambleístas Paco Moncayo y Rocío Valarezo presentaron similares proyectos de seguridad ciudadana, pero la comisión ha optado por tramitar el análisis de la propuesta del Ejecutivo.

Propuesta que establece la regulación de las tres entidades que la integrarán: la Policía, el Servicio Civil de Investigación de la Infracción y el Servicio de Protección Público. Las dos últimas se crearán con esa iniciativa legal si es aprobada por la Asamblea Nacional, que, según Rivera, será antes de que concluya el actual período.

El cuerpo legal, que consta en www.asambleanacional.gov.ec de la Función Legislativa, señala que la Policía sería excluida de esas funciones y dispone que las autoridades competentes asuman el control  administrativo con personal civil, por lo que tendrán un plazo de 180 días a partir de que sea aprobada la ley.

En la nueva estructura que sugiere el proyecto está el denominado Servicio Civil de Investigación, que aspira a garantizar la seguridad ciudadana a través de una investigación científica de las infracciones cometidas, por medio de detectives.

En el enlace ciudadano del 27 de agosto de 2011, el presidente Rafael Correa se refirió al proyecto y anunció que la Policía tendrá su propio cuerpo de detectives civiles más científicos, lo que permitirá que los uniformados cumplan su rol específico, que es dar seguridad a la ciudadanía.

El trabajo encomendado al Servicio de Protección Público (proteger a autoridades, como magistrados, legisladores, Presidente de la República y de la Asamblea, alcaldes, prefectos, entre otros) es una tarea que, según el documento, implica en la actualidad un alto nivel de especialización, por lo que se supone será un cuerpo especial conformado por personal civil, de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

Al referirse al tema, Franklin Gallegos, presidente de la Asociación de Oficiales de la Policía en Servicio Pasivo-Guayas, manifestó que es importante conversar con los más de 40.000 policías sobre las reformas, con el objetivo de evitar una crisis como la que se vivió el 30 de septiembre de 2010.

Para el ex oficial, los cambios que se proponen en el proyecto consisten en que las áreas administrativas sean manejadas por civiles, pero que estos seguirán valiéndose de la Policía, como un soporte.

Mientras tanto, la cúpula policial, integrada actualmente por 11 generales, será la que afronte la intención del proyecto de  cambiar la estructura de la institución, tal como se la conoce, pues el Gobierno asegura que el modelo policial militarizado con jerarquías está agotado y propone transformarlo.

El Primer Mandatario señaló anteriormente que cuando entre en vigencia la ley habrá una transformación de la visión de la institución, con la finalidad de pasar de ser una policía militarizada a una policía civil comunitaria.

El proyecto, al igual que el Código Orgánico de la Policía vigente aún desde 1998, señala que el comandante general permanecerá en sus funciones dos años, pero igual será designado por el Presidente de la República de una terna de cinco generales y no de tres -como es actualmente-, en la que fue elegido Rodrigo Suárez Salcedo, en reemplazo de Patricio Franco López.

Franco estuvo al frente de la institución del orden a raíz de la revuelta policial que motivó la remoción de la mayoría de la cúpula, que dejó solo cuatro generales en sus filas, por lo que varias direcciones, distritos, comandos y jefaturas fueron ocupados por coroneles y otros oficiales de menor rango.

Para el ex inspector general de la Policía, Euclides Mantilla, los cambios en los estamentos policiales se dan en base a estudios técnicos que se realizan cada cierto tiempo y son considerados de rotación normal dentro de la institución, en la que  los oficiales son transferidos de sus puestos de trabajo por requerimiento del alto mando policial, como respuesta a méritos y experiencia.