Lo que hasta hace 21 meses se suponía debía ser el escenario en el que con ilusión Mireya Ríos Sánchez, de 22 años, alumbrara a su primer hijo, resultó ser la antesala de un lento e indefinido  sufrimiento que la tiene postrada en su lecho.

El entusiasmo de tener entre sus brazos a su pequeño  quedó desvanecido en cuestión de minutos, luego de que un error en el suministro de anestesia, previo a la cesárea que fue practicada en la Clínica Central -ubicada en las calles Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo- dejara a la madre  en estado vegetal.

Arnulfo Ríos, padre de la joven, relata que a pesar de que en el mismo informe médico de la clínica se señala que el estado crítico de Mayra se dio “por error de anestesia” y que los especialistas tratantes están plenamente identificados, no ha logrado obtener justicia; peor aún algún tipo de indemnización.

Desde el 1 de julio de 2009, fecha en que se suscitó la presunta mala práctica médica, el caso, sorprendentemente -dice don Arnulfo-, continúa  en indagación previa en la Fiscalía del Guayas.

Algo que le causa más indignación es que la clínica aún atiende al público sin ningún tipo de reparo, mientras que su hija se resiste a morir con el 80% de discapacidad.

Mireya no solo sufre lo que es estar postrada en una cama sin poder cuidar a la pequeña que alumbró ese trágico día (quien está sana y es criada por los abuelos y tías), también tuvo que enfrentar el desamor que  tocó su vida  luego de que su esposo la abandonara sin dejar rastro. “Ella solo nos tiene a nosotros, es como una niña más, a la que  hay que ponerle pañales, cargarla, darle de comer, etc”, comenta  entre sollozos su madre, Ismernia Sánchez.

La última diligencia respecto del caso que realizó don Arnulfo fue el obtener la copia fotostática del expediente clínico de la paciente en el hospital Abel Gilbert Pontón.

Don Arnulfo tuvo que visitar ese nosocomio varias veces y rogar por la obtención del documento, ante la aparente desidia de la Fiscalía.

Situaciones similares deben atravesar decenas de familiares que han sido testigos de cómo una errónea  decisión  médica puede marcar la vida de sus  seres queridos, para siempre.    

Esto lo corrobora Patricia Cárdenas, presidenta de la Fundación Funcarly, organismo que ofrece apoyo a  víctimas  de negligencia profesional, quien cuenta que el problema está en la  falta de  una ley que establezca sanciones penales específicas para evitar que los casos queden en la impunidad. “Los fiscales y jueces (cuando conocen un  caso)  saben  que no hay un delito tipificado como mala práctica médica, que no existe... por eso se burlan del dolor ajeno”, sentencia.    

Estas palabras son las de una mujer que inició  un juicio por la muerte de su hijo Carlitos Rodríguez en el hospital Roberto Gilbert de Guayaquil y que hasta la fecha (desde el  14 de noviembre de 2002) no ha sido resuelto.  “Él (Carlitos) falleció cuando iba a cumplir dos años. Tuvo una caída y se partió el lado derecho de su nariz.

Supuestamente  tenían que suturar solo con dos puntos y con anestesia local; pero, sin permiso de nadie lo ingresaron al quirófano y le pusieron anestesia general”.

A consecuencia de esa decisión el menor  quedó descerebrado. “Por 21 días estuvo en coma, luego murió.  Hubo un dictamen acusatorio contra  el médico tratante”, cuenta Patricia,  “los informes médicos de la Policía certificaron   la negligencia, pero cuando llegó el asunto  a manos del juez (Ronald Guerrero),  este aduce que quienes tienen responsabilidad son los directivos del hospital y que yo debía hacer la denuncia contra ellos”. Ante la postura del titular del juzgado, la resolución fue apelada, pero  la Primera Sala de lo Penal de la Corte del Guayas confirmó el fallo de Guerrero.
Para el   juez Primero de Garantías Penales, Ángel Rubio, la inexistencia de una ley específica ha motivado que  los casos estén basados en la tipificación por lesiones que se determinan de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.
Aunque el funcionario reconoce que son muy escasos los actos de negligencia médica que ha conocido, dice que    “en los que   hay muerte  se asume el tema como un homicidio  no intencional, o algo por el estilo”. Sea como sea, resulta evidente que se trata de una problemática que trasciende la discusión estrictamente jurídica. Una ley es la consecuencia ideal, ulterior, de un proceso de  reconocimiento social amplio frente al  dolor y la dignidad de las familias que han sido víctimas.