El teniente Hernán Salazar, acusado de ser el responsable del disparo que causó una herida en la cabeza del estudiante Édison Cosíos, mantiene su inocencia frente al delito que se  le imputa, tipificado como tentativa de asesinato con agravantes.

Xavier Mejía, abogado del agente, indicó que la defensa pedirá una nueva reconstrucción de los  hechos, pues en la diligencia pasada no estuvieron todos los policías que  participaron en el operativo del pasado 15 de diciembre.

La defensa argumentó que no se ha considerado algunas cosas, como la existencia de un informe redactado después de las marchas del mes de septiembre, en las cuales el teniente Salazar informó a sus superiores que utilizó 20 cartuchos de corto alcance del arma   Trufly,  durante las manifestaciones.

Mejía manifestó  que este tipo de cartucho no pudo haber alcanzado al joven Cosíos, de 17 años, debido a su velocidad y alcance.

Además, indicó que solamente un cartucho de largo alcance pudo haber impactado al estudiante.

La defensa estableció que durante la reconstrucción de los hechos se utilizaron maniquíes para determinar la ubicación del teniente Salazar y del estudiante, sin embargo recalcó que ninguno de los disparos hechos en la diligencia logró impactar el maniquí que representaba a Cosíos.

También se adujo que los disparos  no fueron solo hechos de las carabinas lacrimógenas por el teniente Salazar, sino por todos los uniformados. Dijo que el accionar no fue  arbitrario, sino por órdenes de sus superiores, con el objeto de dispersar las manifestaciones.

El fiscal  (e) del caso, Henry Estrada, tiene 90 días para investigar los hechos, tiempo que dura la instrucción fiscal en la que deberá sustentar la acusación.

Salazar se desempeñaba como miembro del equipo de reacción del Regimiento Quito Nº 2.

Según el parte policial, el oficial fue detenido en Guayaquil por el teniente Cristian Navas. Luego fue llevado a Quito para continuar con el proceso en el Juzgado Cuarto de Garantías Penales de Pichincha, frente al juez Vicente Altamirano.

Luego de reunirse con el  fiscal general, este  manifestó que en la investigación se determinará el grado de responsabilidad del teniente Salazar y de otros oficiales de la institución del orden.

Otro de los argumentos de la defensa, es que durante el  operativo también participó la Compañía de Control de Mantenimiento del Orden, que -según Mejía- sí cuenta con implementos necesarios para actuar en una protesta, sin embargo no ha  sido investigada, señaló.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía informó que desde el 14 de noviembre había una orden de detención emitida por el juez Galecio Luna, con fines investigativos por 24 horas, pues el caso se encontraba  en etapa de indagación previa.

Sin embargo, el teniente salió del país y la medida no se hizo efectiva. Su defensa afirmó que 15 días después conocieron de este pedido del juez Luna.

El teniente Salazar viajó en bus hasta Perú y de igual manera por tierra se trasladó hasta Chile y, posteriormente, a  Argentina. Desde ahí  regresó al Ecuador específicamente a Guayaquil, en donde se presentó ante el fiscal general del Estado, lugar en el que fue detenido.

La defensa va a pedir que se den diligencias de todo tipo para que se lleguen a establecer los verdaderos hechos. También   pide se incluya a otras personas y se mencionó a un capitán Chiriboga, quien   habría participado en el operativo y  presumiblemente, habría dado otra versión de los hechos ocurridos.

Además,  exigen se realice una nueva prueba de balística para determinar el tipo de proyectil que alcanzó al estudiante.

La situación del teniente dentro de la Policía se mantiene en etapa transitoria desde hace dos años, es un trámite administrativo para salir de la institución, más no se le ha dado la baja, indicó su abogado.

El teniente Salazar, por su parte, dijo tener todos los certificados médicos que avalan sus viajes por motivos de salud.

Mientras que, estudiantes del colegio Mejía anunciaron para los próximos días protestas con el fin de exigir justicia por la vida de su compañero, el alumno  permanece sin ningún tipo de reacción neurológica y continúa internado en el Hospital de Los Valles.

Pedro Cosíos y Vilma Pineda, padres del joven, cuentan con dos abogados, Cristhian Molina y Rigoberto Ibarra, quienes no estuvieron conformes con las medidas sustitutivas otorgadas al uniformado.

Los  padres afirmaron que tienen temor que vuelva a salir del país como ya lo hizo.
La parte acusadora está  reuniendo   la historia clínica del joven herido para enviarla a médicos en Estados Unidos y Cuba, pues tienen la esperanza de que reaccione. El estudiante sufrió, en primera instancia,   una pancreatitis de la cual se recuperó.

Videos demostrarían que el policía habría incurrido en abuso de la fuerza, según lo informó el propio presidente de la República, Rafael Correa,  en su último enlace sabatino.